Vacunación obligatoria por ley: ¿Es posible en España?

Este post es una pequeña reflexión al hilo de las últimas muertes y retorno de enfermedades consideradas erradicadas por la no vacunación, así como la cada vez más extendida creencia en los movimientos antivacunas, que tampoco es algo nuevo. Es muy interesante desde el punto de vista legal cómo se está afrontando este grave problema en países de nuestro entorno jurídico ¿Se puede hacer lo mismo en España? Esa es la razón de mi post.

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En España no es obligatoria la vacunación. Posiblemente más de uno me diga que sí, pero no, no es obligatorio: quien quiere vacuna y quien no quiere, no. Sí que es verdad que el hecho de la gratuidad de las vacunas más importantes hace que se vacune sin muchos interrogantes (casi podíamos decir que como es gratis se vacuna). Pero la realidad es que nuestros hijos pueden estar en clase con otros que no están vacunados asumiendo un riesgo absurdo (recordemos el caso del niño de 6 años muerto por difteria).

Pues bien, en países de nuestro entorno están dando una vuelta de tuerca a esa libertad que ha caracterizado a Europa y están empezando a obligar a los padres a vacunar. En Alemania han apostado por “la formación y evangelización”, es decir, que a los padres que no quieren vacunas les informan de manera proactiva cuando llevan a sus hijos al cole y no aportan la cartilla de vacunación cumplimentada. En Francia van a aprobar imponer sanciones a los padres que no vacunen  y hay en marcha una ley, debatiéndose, entre otras cosas, si los niños no vacunados podrán estar en el colegio con los demás. En Italia donde el sarampión ha hecho de las suyas también se han puesto este año manos a la obra y han aprobado una ley que prevé sanciones de hasta 7.500€ para los padres que no vacunan. Y a nuestro lado, Portugal, llora por la muerte de una chica por Sarampión que confió en la homeopatía, que obviamente no puede sustituir a una vacuna.

¿Y en España?

En España de momento estamos parados, ni hay multas ni leyes previstas, pero ¿se debe hacer algo? Y ¿Se podría obligar?

Visto que en el resto de países se está haciendo podríamos decir que por supuesto, que sí se puede. Sin embargo, al igual que en el resto de los países el planteamiento puede ser complicado cuando los padres alegan “libertad” o “el principio de autonomía”. Ya he dicho antes que Europa respeta y valora la libertad (lo que nos gusta a todos) por ello nos encontramos con problemas médicos como el derecho de los pacientes a decir que no quieren tratamientos médicos o transfusiones para sus hijos o incluso impiden que los niños sean operados argumentando razones de fe (que podrían ser otras también). En estos casos en España se prevé todo un procedimiento que permite al médico acudir al Juzgado de Guardia, que será quien vele por el menor y pueda ordenar que se opere o transfunda sangre. Esto mismo se podría aplicar a los casos de los niños no vacunados, pero para ello debemos conocer que falta esa inmunización y debiera haber una normativa que prevea ese paso, sin tener que esperar a jurisprudencia. (Ojo! esa normativa bien podría ser europea).

El segundo problema, por tanto, es cómo podemos saber si los niños están o no vacunados para ver cómo controlar esa vacunación. En países de nuestro entorno jurídico se hace (o se quiere hacer) a través del colegio, al tiempo de la escolarización. En España, al día de hoy, no es necesario aportar la cartilla de vacunación cuando se escolariza a un niño, así que desde el colegio no saben quién puede o podría ser posible enfermo por esa razón.

Obviamente que el colegio o escuela tenga que pedir la cartilla supone que incurre en una responsabilidad más, otro requisito burocrático que controlar, además de lidiar con los padres antivacunas, pero es más importante, a mi modo de ver, que pedir la declaración de la renta y la foto del niño.

Pues bien, dos argumentos podrán alegarse en contra de la obligatoriedad de la vacunación que pueda imponer el Estado por vía legislativa al estilo de lo expuesto: por un lado, la libertad individual o derecho de elección de los padres como tutores de sus hijos y, por otro, el derecho a la educación (Art. 27 CE). Sí, nuestra Constitución prevé la educación básica obligatoria y eso de la educación en casa al estilo americano no está previsto en España, por lo que ¿podría respetarse la elección de los padres e impedir la escolarización?

Unidos a estos preceptos no debe olvidarse:

  • El artículo 15 de la Constitución, “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes“, de donde debe concluirse que nadie debe decidir sobre la vida de otro.
  • EL art. 43 de la Constitución: 1. “Se reconoce el derecho a la protección de la salud” y 2 “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

En mi opinion, la imposición por ley de un calendario de vacunación con sanciones incluidas y limitaciones en temas como la escolarización no puede considerarse que choque con nuestra Constitución, porque (y aquí está lo más interesante) por encima de los derechos individuales de los padres a elegir está el interés general pero también el derecho del menor que no ha podido decidir sobre su salud. Y ahí es donde debe incardinarse cualquier normativa que nos lleve a una vacunación obligatoria.

¿Y las multas serían suficientes?

Posiblemente no es la mejor opción (opinión personal), yo apostaría por hacer una buena campaña de conocimiento de la evidencia científica de las vacunas y mostraría fotos de niños con enfermedades que estamos considerando erradicadas. Todos sabemos que una imagen vale más que mil palabras.

Si aun así los padres no vacunan debiera entrar a velar por la salud del niño el Juzgado, que debiera imponer a los padres la vacunación de sus hijos debiendo ser el canal entre ambos, si no hay seguimiento médico pediatra del niño, el colegio.

¿Se debe hacer algo?

En mi opinión, sí se debe obligar a la vacunación básica y debería hacerse como normativa nacional y, aún mejor, por normativa europea.

Como siempre, es mi opinión. Si queréis contactar: info@farmaciayderecho.com

Autor: Isabel Marín Moral

Abogada especializada en Derecho Farmacéutico, protección de datos y nuevas tecnologías.

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