A propósito de los sistemas personalizados de dosificación y sus ventajas para nuestros mayores y polimedicados.

Hoy leía en el Mundo que una investigación en un centro de salud ha concluido que el uso de los pastilleros en pacientes polimedicados mejora en un 30% su adherencia al tratamiento.

Medicación. SPD. photo credit: Pixabay

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Farmacia y venta por Internet

Cada vez son más las farmacias que tienen una página web a través de la cual venden parafarmacia, como un intento de diversificar e incrementar la cifra de facturación.

Antes de entrar a delimitar el régimen jurídico aplicable es relevante hacer hincapié en que está totalmente prohibido, por la Ley 29/2006, de Garantías y Uso Racional del Medicamento, la venta de medicamentos y productos sanitarios por Internet o a domicilio, siendo una conducta sancionada como falta muy grave con multas de hasta 1.000.000€. Por tanto, si la farmacia opta por tener una página web con una plataforma comercial, sólo y exclusivamente podrá vender productos que no tengan tal consideración.

Aclarado lo que se puede vender online, el farmacéutico ha de tener en cuenta, entre otras materias lo siguiente:

• Si la página web coincide con el nombre de la farmacia puede considerarse que es publicidad y, por tanto, la farmacia quedará sujeta a lo que esté establecido en esta materia en los Estatutos y Reglamentos de su Colegio Profesional.

• Cuando el farmacéutico vende por Internet y las ventas se hacen como farmacia y desde la farmacia, la actividad profesional queda sujeta al régimen disciplinario y sancionador del Colegio Profesional de la provincia donde esté instalada la farmacia física, sin perjuicio de que sea aplicación otra normativa por la especialidad de venta a distancia.

• El farmacéutico podrá tomar decisiones en relación a la fiscalidad, sabiendo que la farmacia, como establecimiento sanitario especialmente regulado, nunca puede revestir la forma de una sociedad limitada, una sociedad anónima, una sociedad profesional u otras figuras donde la propiedad total o parcial de la farmacia quede en manos no farmacéuticas y, por tanto, la responsabilidad no quede atribuida directamente al farmacéutico titular.

• La venta de parafarmacia por Internet no precisa de que haya una farmacia como garante, por lo tanto el negocio de venta de parafarmacia puede ser totalmente diferente a la farmacia y, en ese caso, sí puede revestir la forma de cualquier sociedad mercantil y pueden existir socios no farmacéuticos.

• Al tratase de un negocio online queda sujeto a la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Por tanto, quedan definidas las obligaciones y responsabilidades del titular del negocio, pero también los requisitos que debe revestir la contratación online.

• En toda contratación a distancia a través de una web y en la que participan consumidores y usuarios, que raramente pueden intervenir en delimitar las condiciones de la transacción, debe aplicarse también la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, la Ley de Condiciones Generales de Contratación y el RD 1906/1999 por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales, en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación.

• También se aplicará la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, sobre todo si la venta se articula a través de una sociedad diferente de la farmacia. En caso contrario es muy relevante la normativa profesional y la participación de los Colegios Profesionales.

• Así mismo, no debe olvidarse que cuando se hace una venta por Internet el vendedor requiere muchos datos del comprador y que deben aplicarse, en consecuencia, las disposiciones establecidas por la Ley Orgánica de Protección de Datos (alta en la Agencia de Protección de Datos, documento de seguridad y protocolos de funcionamiento para asegurar, entre otros, los derechos ARCO)

Las vacaciones de los empleados de las oficinas de farmacia

En ocasiones el trabajador que tiene convenio se aferra a él sin saber que además, se le aplica el Estatuto de los Trabajadores, actuando con carácter de mínimo. Esto ocurre a veces con la normativa de vacaciones que en los convenios viene delimitada de forma muy escueta o incompleta y, por tanto, genera dudas tanto para el empresario como para los empleados.

Veamos cuál es el régimen legal de las vacaciones en la farmacia.

vacaciones farmacia
vacaciones farmacia

De acuerdo con el art. 38 ET las vacaciones son anuales, con un mínimo de treinta días naturales, retribuidas y en ningún caso se pueden sustituir por compensación económica o, lo que es lo mismo, no se pueden pagar por el empresario a cambio de que el empleado trabaje en ese período y, al ser anuales, no podrán ser disfrutadas fuera del año natural a que correspondan (con las salvedades que veremos más adelante).

Añade el XXIII convenio para oficinas de farmacia que el disfrute de la fecha de las vacaciones ha de ser en unos meses determinados, que son los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre u octubre. Sin embargo, se prevé un incremento de 5 días de vacaciones cuando el personal no pueda disponer de las vacaciones anuales durante los períodos establecidos por la oficina de farmacia por causa no imputable al mismo. Esos cinco días serán empleados en el tiempo y forma que acuerden el titular del establecimiento y el personal afectado, por tanto, no necesariamente acumulados a los 30 días. Esta regla tiene las siguientes excepciones:
•En el caso de que la farmacia decida cerrar por vacaciones. En cuyo caso, las vacaciones se disfrutarán por los trabajadores obligatoriamente en el período de cierre, sin derecho a compensación adicional de ningún tipo.
•En caso de que el período de vacaciones se haya subdividido por acuerdo entre las partes en fracciones no inferiores a una semana.

Cómo se determina en la farmacia quién disfruta las vacaciones y en qué fecha.
De acuerdo con el Estatuto de lo Trabajadores “debe de ser fijada la fecha de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de acuerdo con lo que establezca el convenio”. El convenio establece unas reglas de preferencias, al contemplar que a distribución de las fechas del disfrute “se decidirá por el propio personal afectado y, en caso de no llegarse a un acuerdo, se tendrán en cuenta los criterios prioritarios de las necesidades familiares y de antigüedad al servicio de la empresa”. Por tanto, debe de negociarse un calendario de vacaciones teniéndose en cuenta los criterios antedichos.

Pero, ¿qué pasa si no hay negociación? El empresario podrá callar o podrá fijar él unilateralmente las vacaciones para sus empleados. Hay un plazo mínimo para comunicar las vacaciones al trabajador que es, al menos de dos meses de antelación, del comienzo de su disfrute. Si al trabajador no se le han comunicado sus vacaciones o no está conforme con la fecha asignada podrá presentar una demanda ante la Jurisdicción Social a través de un proceso judicial que, en ambos casos, se tramita a través de una modalidad especial, urgente y sumaria, cuya sentencia es irrecurrible.

Cuándo se pueden disfrutar las vacaciones en otra fecha.
La reforma operada por el RDL 3/2012, de 12 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, el Estatuto de los Trabajadores, dispone de un nuevo apartado 3 al art. 38, que sostiene dos razones que avalan el cambio de fechas y de disfrute de vacaciones más allá del año natural:
•En las situaciones de incapacidad temporal derivada de embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 y 48.bis del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.
•En el caso de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas anteriormente y que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.
A la vista de esta reforma ha de considerarse que el art. 35.6 y 7 del convenio, que también contempla ambos supuestos, no es de aplicación ya que no respeta el contenido mínimo de la nueva normativa nacional, que se ha de aplicar con prioridad frente al convenio por ser más beneficiosa para el trabajador.

La prueba de VIH en la farmacia

La semana pasada leíamos en prensa que expertos de la Agencia del Medicamento de Estados Unidos ven con buenos ojos, e incluso recomiendan, la venta en las farmacias de la prueba del VIH. Se trata de un test doméstico con el que en tan sólo 20 minutos el cliente puede saber si está o no infectado y tiene el temido SIDA. Para ello, no es preciso un análisis de sangre, sino tan sólo una muestra de saliva.

Con este test se detecta, según informan los medios, el 93% de los casos positivos y el 99%, en caso de no ser portador. Se trata, por consiguiente, de un medio de diagnóstico precoz de la infección que puede permitir mejorar la efectividad del tratamiento que deba ponerse y tener controlada la enfermedad, (disfrutando de una buena calidad de vida), pero también evitar el contagio, que se produce, en muchas ocasiones por desconocimiento de estar enfermo.

Esta prueba de VIH es un análisis que podría asemejarse a la prueba de embarazo, cuya venta en la farmacia está hoy está ampliamente aceptada, al igual que la prueba de glucosa, para las que no es necesaria prescripción médica. La pregunta que nos hacemos, por tanto, es si en España, al día de hoy, la prueba de VIH se podría vender libremente en la farmacia, como se quiere hacer en EEUU, y de igual manera que si se tratara de una prueba de embarazo.

La respuesta es no. El Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico in Vitro, dice en el art. 13 que la venta al público de los productos para autodiagnóstico se realizará exclusivamente a través de las oficinas de farmacia, pero añade que “se exigirá la correspondiente prescripción” estableciendo como excepción a esta exigencia “los productos para el diagnóstico del embarazo y de la fertilidad, así como en los productos de autodiagnóstico para la determinación de la glucemia”. Por tanto, la prueba de VIH doméstica y sin prescripción, a la vista de la normativa actual, no se podría vender libremente (sin prescripción) en la oficina de farmacia.
Esto no empece a que la Farmacia esté claramente comprometida con el problema de salud que significa el SIDA. Por ello, se están adoptado programas conjuntos de actuación entre las Consejerías de Salud de distintas Comunidades Autónomas (entre ellas, Castilla y León o Cataluña) y las farmacias para que el ciudadano pueda conocer, con una simple visita a la botica, si tiene o no la enfermedad de una forma rápida y con garantía de confidencialidad. Además, estos programas buscan algo más, que es la información y el consejo de un profesional sanitario: el farmacéutico; porque posiblemente, al día de hoy, nadie esté preparado para recibir en la soledad de su casa la noticia de tener SIDA, a pesar de los grandes avances en su tratamiento.

Obligación de entregar ticket o recibo de venta en la farmacia

Cuando se habla de facturas en la oficina de farmacia ha de diferenciarse entre venta de medicamentos y productos sanitarios y, en su caso (no siempre) otros productos. En el primer caso el titular está sujeto al rendimiento de actividades económicas como profesional (no como sociedad) y además está está sujeto al régimen fiscal de recargo de equivalencia, razón por la que el farmacéutico no viene obligado a emitir factura (Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre), pero sí ticket por aplicación de normativa sanitaria (Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios), que prevé de forma expresa esta obligación.

Por otro lado, cuando en la farmacia hay una SL bajo la cual se factura la venta de parafarmacia y otros productos diferentes a los medicamentos y productos sanitarios se aplica el régimen general previsto en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, en el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En cualquier caso, en la farmacia siempre ha de expedirse y entregarse ticket de venta, justificante o factura de todas las operaciones de venta, ya sea de productos o de servicios. Además el titular queda obligado a conservar copia o matriz de aquellos, que estarán a disposición de la Agencia Tributaria a efectos fiscales, en su caso.

El contenido del ticket y sus copias, sin perjuicio de los datos o requisitos que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones, incluirá los siguientes datos o requisitos:
• Número y, en su caso, serie. La numeración de los tiques dentro de cada serie será correlativa.
• Número de identificación fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a su expedición.
• Tipo impositivo aplicado o la expresión IVA incluido.
• Contraprestación total.

Así mismo, la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, en su art. 15.4, añade requisitos obligatorios a los ya expuestos para los supuestos de venta de medicamentos, de forma que en el ticket debe constar el nombre del medicamento, su precio de venta al público y la aportación del paciente. En el caso de los medicamentos que no se financien con fondos públicos habrá de reflejarse el descuento que, en su caso, se hubiese realizado. Actualmente, además, las Comunidades Autónomas están exigiendo que conste también el CIP a fin de que los ciudadanos puedan realizar reclamaciones a la Administración por disconformidad con las cantidades devueltas o reembolso (efectos del copago en jubilados y recetas rojas en general derivados del RD 16/2012)

Así mismo, debe recordarse que las facturas o tickets o justificantes deben ser expedidos en el momento de realizarse la operación de venta en la farmacia, salvo que el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, (como en el caso de las residencias de ancianos) en cuyo caso deberán expedirse dentro del plazo de un mes contado a partir del citado momento.

Finalmente, aunque no sea lo habitual, debe recordarse que los importes que figuran en las facturas o documentos sustitutivos podrán expresarse en cualquier moneda, pero se establece una condición necesaria: que el importe del impuesto que, en su caso, se repercuta se exprese en euros. De igual manera las facturas o documentos sustitutivos podrán expedirse en cualquier lengua, pero la Administración Tributaria podrá exigir una traducción al castellano o a otra lengua oficial del Estado.

(nueva redacción adaptada la normativa actualmente vigente)