¿Es legal la compra (y venta) de medicamentos por Internet?

Hace unos días se planteaba un interesante debate en Twitter sobre si es legal que los ciudadanos con residencia en España compren medicamentos en países como Andorra. Es difícil en 140 caracteres exponer la opinión personal, así que visto el interés, esta semana mi post lo dedico a ese tema.

Haciendo un poco de investigación en Internet he visto que hay variadas formas de compra de medicamentos, pero me voy a centrar en las farmacias online. Algunas sólo ofrecen una decena de artículos, para los que en España se exige receta médica, pero que envían sin pregunta alguna, derivando la responsabilidad en el comprador y su buen entender “médico/sanitario”. Otras avisan de que el médico del comprador ha de tener conocimiento de ese consumo (me río imaginando al paciente yendo al médico y diciéndole que compra p.e. Viagra por Internet, “para su conocimiento”) Incluso he visto una farmacia que, con domicilio en Inglaterra, vende en España con plazo de entrega de 1 ó 2 días y tiene un teléfono de consulta de Madrid (¡!). El tema es variopinto pero de gran incidencia en nuestra salud y en la genérica salud pública.

Debemos recordar que el consumo de medicamentos no controlados por la Agencia Española del Medicamento (incluso aunque se compre una caja con marca que no se sabe muy bien de dónde viene) o en establecimientos diferentes a los autorizados en España (farmacias oficiales), suponen un riesgo potencial para la salud y, además, no debe olvidarse que cualquier problema que tenga el comprador deriva en nuestros hospitales, debiendo los médicos hacer todo tipo de elucubraciones sobre qué se ha consumido realmente e incurriéndose en gastos de medicinas, pruebas diagnósticas e incluso estancias hospitalarias que afronta el Estado. En este punto, alzo la voz para decir que aunque el paciente no pague, la Sanidad no es gratuita, cuesta dinero.

En ocasiones he oído que si el establecimiento de venta está en el extranjero es legal, pero creo que han de hacerse varias reflexiones.
Está claro que si el establecimiento está en España es totalmente ilegal. En este sentido valga recordar que la Ley de Garantías dice de forma expresa que: “se prohíbe la venta por correspondencia y por procedimientos telemáticos de medicamentos y productos sanitarios sujetos a prescripción médica” y, más adelante añade, “se prohíbe, asimismo, la venta a domicilio y cualquier tipo de venta indirecta al público de medicamentos”.
Esta normativa española no se puede aplicar a las transacciones de venta realizadas por establecimientos mercantiles extranjeros y esto es algo incuestionable. Entonces, ¿significa que se puede comprar sin límites fuera de España? Yo en estos casos siempre repregunto: ¿se puede comprar por internet y recibir en España drogas ilegales desde países donde sean legales? O ¿puedes traer a España animales que están protegidos, pero que en el país de origen, donde lo las comprado, no lo son? La respuesta es clara. Entonces, posiblemente lo que hay que aclarar si el medicamento que viene de fuera es legal o no.

Si consideramos que sólo los medicamentos autorizados en España son los legales para su consumo en nuestro país, el resto que vienen de fuera y no disponen de esa autorización son ilegales.
¿Puede el consumidor comprar por Internet algo ilegal para consumir en España?. No.

Ante esta situación se me ocurren tres cosas:
1. Es necesario evolucionar. La venta por Internet facilita el comercio y cada vez es más utilizado por la población, por lo que entiendo que debiera permitirse a la farmacia española abrir su radio de actuación. Ha de traerse a colación que recientemente se ha autorizado en Alemania la venta a distancia de las EFGs.

2. Es imprescindible dar formación a la ciudadanía. El paciente de a pie no sabe de medicamentos legales o ilegales y de las implicaciones de su consumo.

3.La venta por Internet no impide el servicio profesional añadido del farmacéutico. Existen herramientas para que el comprador pregunte y consulte a su boticario de igual forma o incluso con más intimidad, que cuando va a la farmacia personalmente.

¿Cómo consigo financiación para mi farmacia? El factoraje o factoring

Antes la farmacia era un negocio sin problemas financieros pero las circunstancias actuales (retrasos de pagos de la facturación de la Seguridad Social por las Administraciones, la bajada de márgenes, la disminución del precio de los medicamentos…) hacen que, en muchos casos, el farmacéutico necesite tener liquidez para seguir funcionando y así poder continuar prestando servicios. A la farmacia le falta eso que se llama circulante y para ello necesita financiación externa.

Hemos visto que en ocasiones las farmacias están solicitando cerrar más tiempo que lo que habitualmente se hace por vacaciones (sobre todo Comunidad Valenciana). En otros casos, el Colegio de Farmacéuticos, los bancos y la Administración negocian para asegurar el cobro de la facturación, como en Murcia donde son los propios farmacéuticos quienes avalan con sus propiedades al Ejecutivo para que los bancos le concedan un préstamo con el que pagarles mensualmente la facturación. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones es cada farmacia la que tiene que buscar su financiación. (Una aproximación al problema se puede leer en http://www.medicosypacientes.com/files/prensa/adjuntos/EcoSanidad_19jul_4_0.pdf)

Para ello existen diversas fórmulas bancarias tan conocidas como los préstamos personales, préstamos hipotecarios o las cuentas de crédito. El inconveniente en todos estos casos es que el farmacéutico generalmente tiene que poner su patrimonio como garantía o aval, lo que va íntimamente ligado al hecho de que la farmacia no es una sociedad mercantil al uso, sino una actividad profesional personal.

La necesidad es la madre del ingenio, dice el refrán y, por ello, están saliendo a la luz figuras antiguas con un disfraz de modernidad: es el caso del factoring o factoraje, que es un instrumento financiero por el que las farmacias reciben anticipadamente el importe de sus deudas a cobrar (la facturación de la Seguridad Social, sobretodo), mediante la cesión de sus créditos comerciales a una entidad bancaria, que pasa a ser la propietaria del crédito y la que asume el riesgo de cobro.

El factoring es, por tanto, un contrato entre el farmacéutico titular y una entidad bancaria especializada que en la mayoría de los casos funciona casi como el descuento de una letra bancaria, de modo que el banco abona el dinero de la facturación restando un interés o comisión. Según la noticia del periódico Expansión el pasado día 16 de agosto 2012 el interés que se está pagando ronda el 5% (http://www.expansion.com/2012/08/15/economia/1345020236.html?a=28e11bac4e58d35b285039b8b2f42b00&t=1345803578)

Las ventajas de este contrato son las siguientes:
• No existe una garantía personal o hipotecaria. Por tanto, el local, el piso o el plan de pensiones no se tocan. Hay una cesión de la deuda que es la facturación que cobrará el banco y que es la “garantía”. A cambio el farmacéutico paga una comisión o interés. El riesgo de cobro lo asume el banco.
• El farmacéutico se “despreocupa” de si se paga en una determinada fecha o si se abona el total o un porcentaje de lo adeudado. También se despreocupa (en teoría) del problema de liquidez de la Comunidad Autónoma.
• Hay una evidente mejora de la liquidez de la farmacia al efectuarse una entrada de dinero por la cesión de las deudas una vez efectuado el contrato de factoring y la farmacia puede continuar abierta y disponiendo de stock.

Los inconvenientes del contrato son los siguientes:
• Se trata de una medida para resolver las dificultades de tesorería a corto o medio plazo, no se puede plantear como algo indefinido. Esto significa que el farmacéutico no se puede despreocupar de cómo se está pagando la facturación o qué le pasa a su Comunidad Autónoma.
• Se pagan comisiones o intereses y, a diferencia de otros negocios, no se pueden ajustar los márgenes para incluir o repercutir en el precio de las medicinas las cantidades que se van a considerar comisión por la gestión de las deudas o celebración del contrato. Esto significa que lo que se paga de comisión va contra las ganancias o beneficios de la farmacia.
• Las condiciones no son iguales en todos los bancos, así que hay que preguntar hasta encontrar qué banco es el que esté dispuesto a firmar este contrato de factoring en buenas condiciones para el farmacéutico titular.

Conclusión: En términos generales es una buena solución para tener liquidez ante la falta de cobro de la facturación, pero no se puede perder de vista que es una solución cara, máxime si se tiene en cuenta que los márgenes de la farmacia son fijos y no se puede repercutir a la Administración el costo financiero.

Receta médica electrónica y otros temas TIC en e-sanidad y farmacia

Se ha publicado el informe sobre la e-sanidad 2012 realizado por el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Ahí se llegan a algunas conclusiones que merece la pena resaltar, porque, al fin y al cabo, Internet ha venido para quedarse y tenemos que integrarla, de una manera u otra, en el mundo sanitario.

Lo que se ha estudiado son las opiniones y expectativas de los ciudadanos sobre el uso y aplicación de las TIC en el ámbito sanitario y para ello se ha tenido en cuenta la opinión de una muestra amplia y variada, tanto del ámbito rural, urbano como semiurbano. También se han valorado el nivel de estudios, grupos de edad y el perfil tecnológico de los individuos. De forma general, se concluye que el grupo de 25-49 años, aquellos que tienen un nivel más alto de estudios, mayor clase social y aquellos más tecnológicos son lo que entienden, están más informados y valoran más las aplicaciones que hay actualmente en marcha en relación con la e-salud.

Sin embargo, es diferente que se hable de historia clínica que de e-receta. Aquí, voy a resaltar sólo aquellos aspectos que, de una forma u otra, afectan a la farmacia.

1º Conocimiento de la receta electrónica por CCAA
El grado de implantación de la receta médica electrónica es diferente según CCAA y ello tiene su reflejo en el estudio, de modo que son Galicia, Extremadura, Baleares, Cantabria, Canarias, Andalucía y Cataluña las CCAA donde el conocimiento de la receta electrónica está más extendido entre los ciudadanos. Está claro, por tanto, que la actuación política difiere de un sitio a otro, de manera importante.

2º En el estudio que analiza y relaciona el conocimiento de la receta médica con el estado de salud de los encuestados se concluye que cuanto peor es el estado de salud autopercibido por los ciudadanos mayor es el conocimiento de la receta electrónica, lo cual es lógico. Hasta que uno va al médico y le entregan la receta no sabe bien cómo funciona el sistema o, lo que es lo mismo, la necesidad de usar la receta hace que el ciudadano tenga conocimiento de su uso.

3º Se ha concluido que el ciudadano valora muy positivamente las innovaciones en la e-sanidad. Así, la receta electrónica tiene una calificación de 8,6/10 estando superada sólo por la historia clínica electrónica (9/10) y supera otras materias como el envío de SMS para recordar una cita o la toma de una medicación (8,57), la imagen digital como radiografías o resonancias (8,4/10) y la petición de cita médica por Internet (8,1/10)

4º No existe, sin embargo, gran diferencia en la valoración por el ciudadano de la receta médica si se tiene en cuenta el perfil de internauta, de modo que aquella difiere sólo dos décimas (quien navega habitualmente: 8,6/10, mientras que quien no lo hace 8,4/10) Sin embargo, en otras innovaciones sí se ven diferencias notables, como en el caso de la petición de cita por Internet. Esto responde a un hecho claro: el ciudadano que va al médico y necesita su receta, se adapta a cómo se la entregan (si es papel o electrónica), lo que quiere es su medicamento, la forma le es más o menos indiferente.

5º Quiero destacar del informe que existe un conocimiento muy bajo de las aplicaciones TIC para el cuidado de la salud, donde se han estudiado la teleasistencia, los videojuegos para dicho cuidado, la posibilidad de enviar información al médico o enfermero desde casa, los programas específicos de los smartphones y la telerreabilitación. Quizás en este ámbito la farmacia también puede entrar, aunque en el estudio no se plantea. Una buena atención farmacéutica, en mi opinión y hoy en día, tendría que dirigirse también al uso de aplicaciones TIC.

6º Finalmente el estudio hace referencia al uso de las tecnologías de la información en la salud desde la perspectiva de la comunicación. Si miramos a nuestro alrededor casi todo el mundo se ha metido en Internet para saber sobre una determinada enfermedad, hasta mis padres lo han hecho y superan los 70 años. Sin embargo el informe arroja el dato (bastante increíble) de que sólo un 48,3% reconoce estas búsquedas. Por otro lado, en las redes sociales este dato baja hasta el 12,8%. Por tanto, no podemos perder de vista que hoy se busca información, lo que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿dónde buscamos?
El consejo farmacéutico es uno de los buques insignia de la actual farmacia española, ¿por qué ese consejo no puede darse a través de otras vías diferentes a la presencial en la farmacia? Al día de hoy no tenemos una normativa que permita a las farmacias, de forma clara, tener una página web donde poder incluir información o enlaces de índole médico. Tampoco queda muy claro que la farmacia pueda tener un perfil en Facebook u otras redes abiertas a los ciudadanos.
Por ello, de la mano de este informe, podría comenzarse a avanzar, porque el ciudadano lo pide y el canal de información cada vez es menos presencial. Además, estar en las redes sociales o en Internet no tiene por qué estar reñido con la deontología tradicional farmacéutica.

En conclusión, ha de trabajarse para mantener la farmacia como establecimiento sanitario de referencia para los clientes/pacientes donde recibir consejo farmacéutico, con presencia en las redes sociales e Internet y utilizando las nuevas aplicaciones TIC que poco a poco van saliendo al mercado.

Otro interrogante al hilo del copago: ¿el TSI de la receta supone una cesión de datos ilegal al no mediar consentimiento expreso del ciudadano?

En las nuevas recetas desde la entrada en vigor del Decreto 16/2012, que regula el copago, debe constar un código (TSI) que determina el importe que paga cada cliente en la oficina de farmacia cuando retira sus medicamentos. Este dato hace referencia a la situación de activo o pensionista del paciente, pero también a la renta (datos fiscales), si bien de una forma muy amplia. Por ejemplo, la farmacia sabrá quien gana más de 100.000 euros/año, o de los pensionistas quien tiene una pensión inferior a 18.000€/año. ¿Es necesario el consentimiento?, ¿hay cesión de datos?, ¿se ampara en alguna ley ese vaivén de datos?

Desde mi punto de vista no hay cesión de datos y no es necesario el consentimiento de cada uno de los titulares de una tarjeta sanitaria de la Seguridad Social, en contra de lo que estoy leyendo en algunos foros y prensa o, incluso, de la campaña que ha iniciado el PSOE en su página web poniendo a disposición de los ciudadanos unos modelos de reclamaciones por este motivo (https://www.psoe.es/tetuan/news/657465/page/desde-psm-denunciamos-copago-farmaceutico-.html)

El RDL 16/2012 dice de forma expresa que no es necesario el consentimiento del interesado y afirma que la Administración Tributaria podrá comunicar al INSS los datos que sean necesarios para determinar el nivel de renta y, por tanto, determinar qué TSI debe poner en las recetas de cada paciente. En consecuencia, el primer paso de transferencia de datos de la Agencia Tributaria al Instituto Nacional de la Seguridad Social está previsto en la norma y no cabe cuestionarse la legalidad. (art. 94 ter, 2 “la administración competente en materia tributaria podrá comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin contar con el consentimiento del interesado, los datos que resulten necesarios para determinar el nivel de renta requerido”)

A partir de ahí, debe de haber otra entrega de datos del INSS a las CCAA, en concreto a las diferentes Consejerías de Sanidad. El RDL 16/2012 prevé de forma expresa esta transferencia de datos de la siguiente manera: “el Instituto Nacional de la Seguridad Social comunicará a las administraciones sanitarias competentes el dato relativo a la aportación que corresponda a cada usuario de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora de las recetas médicas y órdenes de dispensación.”Es relevante dejar claro que la información que se entrega no es la renta de cada beneficiario de la Seguridad Social o del titular de la tarjeta (a la cual no tienen acceso las Consejerías de Sanidad), sino que se sólo se comunicará el dato relativo a la aportación (los TSI) y, además, con una finalidad concreta. En este sentido el RDL dice que “Los datos comunicados serán objeto de tratamiento por la administración sanitaria correspondiente a los solos efectos de su incorporación al sistema de información de la tarjeta sanitaria individual”.

Por tanto, la misma norma que implanta el copago contempla cómo se ceden los datos de una administración a otras y el fin para el que se entregan, que no es otro que incorporarlo al sistema de información de la tarjeta sanitaria, siendo los datos de ésta los necesarios para la emisión de las recetas, ya sean electrónicas o en papel, y su posterior dispensación.

El dato económico llega a la oficina de Farmacia a través de la receta y aquí se plantea también la misma pregunta: ¿es necesario el consentimiento del paciente?

Pues bien, en la receta, además del TSI, hay otros datos personales, que son incluso de protección mayor por ser de datos de salud y, por tanto, precisan de mayores medidas de seguridad. El farmacéutico tiene legitimidad de acceso a todos los datos de la receta, incluido el económico, de acuerdo con el art. 77.8 Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamento, sin necesidad de consentimiento del cliente pero con un límite: que el tratamiento de esos datos de la receta (los de salud y el económico) tenga la finalidad de facilitar la asistencia farmacéutica al paciente y permitir el control de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.

Medidas de seguridad en la farmacia: la videovigilancia y por qué es recomendable

Una pregunta recurrente es si las farmacias tienen obligación de tener cámaras de seguridad o videovigilancia. No hay una normativa nacional que obligue a ello, pero pudiera preverse en normativa autonómica, que será por tanto lo que habría de revisarse en cada momento. Pero, en caso de que no sea obligatorio, ¿es necesario?

En mi opinión es recomendable para tener una farmacia más segura frente a robos con intimidación, hurtos, amenazas, agresiones…., que suponen una merma en la cuenta de resultados y que no son problemas exclusivos de España (véase sobre robos y hurtos en farmacia inglesa, @inmariu http://gestiondelafarmacia.blogspot.com.es/2012/01/robos-en-farmacia-inglesa.html).

No debe olvidarse que las cámaras pueden (aunque prefiero decir deben) tener dos grandes destinatarios: los clientes/terceros y los propios empleados:

1. Clientes/ terceros. Las cámaras de seguridad son disuasorias para amenazar, insultar, agredir pero, sobre todo para cometer robos o hurtos. Lo cierto, es que las farmacias, cada vez más, tienen los productos al alcance de la mano de los consumidores como reclamo y estrategia de venta, lo que favorece el incremento de dichas conductas delictivas. Por eso, una farmacia moderna debe tener esas cámaras, que no van a impedir los hurtos, pero sí van a conseguir que disminuyan o no sean tan frecuentes. En este sentido es muy importante tener las cámaras bien enfocadas a las zonas que el titular considere más susceptibles de quedar afectadas, pero no debe olvidar enfocar también a aquella zona donde vaya a estar él o sus empleados trabajando y, por tanto, donde puedan ser objeto de algún acto de agresión, amenazas o insultos.

2. Empleados. A priori puede parecer que se criminaliza a los empleados, pero no es así: la gran mayoría son ejemplos de honradez. Sin embargo, lo cierto es que en variadas ocasiones he tenido que aconsejar a titulares en casos en los que eran los empleados quienes robaban productos, metían la mano en la caja registradora o sencillamente no contabilizaban ventas. La diferencia entre disponer de unas buenas cámaras que puedan probar estos hechos o no tenerlas es, salvo otro tipo de pruebas, la diferencia entre conseguir un despido procedente o pagar la indemnización de uno improcedente. Además. la certeza de los hechos grabados permite tomas de decisiones rápidas, menos dolorosas y, en la mayoría de los casos, la finalización del conflicto en un menor tiempo. El mismo argumento vale para casos de acoso entre empleados, amenazas o intimidaciones.

¿Y qué cámaras hay que poner? En materia de cámaras de seguridad hay variadas opciones: grabado permanente, grabado sólo cuando se activa una alarma o grabado nocturno (programado). Además, se puede tener contrato con una empresa que se encarga de las cámaras, de su mantenimiento y que incluso accede a las imágenes, o tener las cámaras en propiedad. En todos los casos se debe disponer de contratos ajustados a la LOPD con aquellos que accedan a las imágenes (ya sean empresas de seguridad o informáticas). Por otro lado, existen las cámaras que no graban, sino que solamente actúan como una televisión reproduciendo en tiempo real lo que ocurre en la farmacia sin que se registre o archive dato alguno. Cada farmacéutico titular debe evaluar cual de todas las cámaras que ofrece el mercado se ajusta más a las necesidades de su farmacia, porque no hay una solución igual para todos los casos.

Finalmente, un hecho que ha de tener en cuenta el boticario a la hora de decidir si pone o no cámaras de seguridad es la ventaja económica que pudiera tener al negociar el precio del seguro de la farmacia, que podrá ser inferior al disponer de medidas de seguridad adicionales.