La farmacia se queda sin medicinas en la Comunidad Valenciana. Huelga de farmacias.

El Levante español se queda sin medicinas, las farmacias no pueden dispensar, hay desabastecimientos, las farmacias despiden a sus empleados, el farmacéutico propietario pone su casa para garantizar el pago de unos medicamentos que no cobra….Esa es la situación actual en parte de España de la farmacia española porque la Administración autonómica no cumple con el concierto, es decir, no paga los medicamentos de las recetas que dispensa el farmacéutico al ciudadano de a pie y cuyo coste adelanta con cargo a su patrimonio personal.

Hasta ahora se han tomado medidas que bien parecen salidas del libro de los horrores, pero todo tenía una finalidad, conseguir resolver unos momentos de dificultad económica. Y siempre se pensó que todo volvería más o menos a su cauce. Pero no ha sido así hasta la fecha. Por el contrario, se acumulan pagos que han ahogado a las farmacias, que están quedando en los huesos desde una perspectiva de personal así como de stock y, por si fuera poco, el negocio tira de forma indiscriminada del patrimonio particular (a veces familiar) que ha sido puesto como aval (porque la farmacia no puede ser una sociedad y se responde con todo el patrimonio personal). El farmacéutico se siente profesional de la salud y, además, viene obligado por ley a dispensar aunque o le paguen. No tiene salida fácil.

Pero más allá de la problemática del empresario farmacéutico (que es esperpéntica) no podemos olvidarnos de quién sufre estos desabastecimientos, los cierres de las farmacias, la falta de stock. Es el CIUDADANO DE A PIE. Ese que necesita un medicamento porque se lo ha prescrito el médico y que va a la farmacia a comprarlo, pero que no lo consigue, después de hacer cola durante varias horas y visitar varias farmacias. Y puede ser un dolor de cabeza que va a tener que aguantar con algún remedio casero, pero puede ser, y están siendo, medicamentos para patologías cardiacas, diabetes o para tratar el cáncer, por ejemplo. Esos medicamentos no pueden esperar y la salud se resiente porque no entiende de política. (No entro a considerar la repercusión que todo ello puede tener en los hospitales y su gasto, que será muchísimo mayor que pagar el medicamento en la farmacia, ni en la calidad de vida del paciente. Por donde se mire, todos perdemos)

Entonces, ¿en qué piensa la Administración sanitaria de esas Comunidades Autónomas?
Me pregunto si va a ser necesario que algún ciudadano fallezca porque no ha podido coger sus medicamentos en la farmacia (en ninguna de la Comunidad Autónoma) para que, otra vez con crespón negro, alcen la voz nuestros políticos diciendo que se van a tomar medidas mañana para que no vuelva a suceder. Y tomar medidas es tan simple como pagar.

Me llama la atención la medida adoptada por la Comunidad Valenciana, que ante la huelga (realmente un cierre) que mantienen las farmacias y el claro desabastecimiento existente, ha acordado en plazo récord poner un teléfono gratuito para los ciudadanos donde informarse sobre cómo conseguir el medicamento que necesitan. Ahí remiten al paciente a un hospital o a centro de salud, donde también comienzan a escasear medicamentos (y no me meto ahora con lo que ocurre en estos casos con la aportación y el copago o con si es legal o no esa derivación por incompetencia de la Administración que incumple su obligación de pagar) . Y digo yo, ¿no es más fácil pagar lo que se debe y que el servicio funcione?

Si el problema es otro, entonces habría que hablar, pero debe recordarse que las Comunidades Autónomas, por sí solas, con su normativa propia, no pueden establecer un sistema diferente de asistencia farmacéutica. En esta materia manda la normativa nacional.

Para finalizar traigo a colación una cita de Aristóteles: “no hace falta un gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico”. En este caso lo práctico es pagar para evitar males mayores, lo que no resuelve el problema es habilitar un teléfono gratuito, lo que no es práctico es que el farmacéutico arriesgue en un negocio y tenga que poner su patrimonio de aval porque no le pagan lo que vende y, lo que en absoluto es comprensible es que Administración incumpla sus obligaciones básicas, sobretodo cuando está en juego la salud de los ciudadanos.

¿Acoso sexual o abusos sexuales en la farmacia? Un caso real.

He leído una sentencia de la AP de Madrid de 9 de julio de este año (ROJ: SAP M 9303/2012) en la que un farmacéutico titular ha salido libre de la acusación de acoso sexual alegada por dos de sus empleadas, pero donde la Sala ha dejado abierta una vía diferente, la de abusos sexuales.

Los hechos son los siguientes: en una farmacia dos trabajadoras acusan al farmacéutico titular ante el Juzgado de lo Penal de acoso sexual por insistir, a través de diversos medios y de forma reiterada, en mantener relaciones, así como por darles palmadas en las nalgas, tocarlas en diversas partes del cuerpo (a veces con la excusa de la dispensación) y besarlas en la cara o en la oreja sin consentimiento.

Ante estos hechos las trabajadoras tenían tres posibles formas de actuar:
1. Podrían haber optado por la vía laboral y solicitar que cesaran esos actos y, en su caso, una indemnización. Al fin y al cabo los actos incorrectos se realizaban durante el desarrollo de la actividad laboral, pero normalmente se acude a esta vía cuando hay o se pretende una extinción laboral.
2. Ir a la vía penal alegando acoso sexual y solicitando penas de cárcel e indemnización
3. Acudir a la vía penal alegando abusos sexuales y solicitando igualmente penas de cárcel e indemnización
Optaron por la segunda opción: fueron directamente a la vía penal y tipificaron los hechos como acoso sexual.

Y, ¿qué pasó?
En un primer momento el Juzgado de lo Penal sostuvo que efectivamente se estaba incurriendo en el tipo penal regulado en el art. 184.2 CP, de acoso sexual y, en consecuencia, condenó al titular de la farmacia a penas de tres meses y 22 días de prisión y pago de una indemnización de 11.000€ a cada una.

Sin embargo, el titular de la farmacia recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid que dictó un fallo estimando sus pretensiones, pero con un discurso que, posiblemente, no haya sido todo del agrado del recurrente. A priori, consigue lo que pretendía que era que no se le condenara por acoso sexual, pero sin embargo, el Tribunal sostiene que las actitudes del titular podrían ser objeto de otro delito que es el de abusos sexuales.

¿Cuándo hay acoso sexual en el trabajo según el Código Penal?
Tal y como sostuvo el Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2004 los elementos que deben concurrir para que nos encontremos ante una conducta de acoso sexual, tras la modificación operada en el Código penal, por la Ley Orgánica 11/1999. Son los siguientes: “a) la acción típica está constituida por la solicitud de favores sexuales; b) tales favores deben solicitarse tanto para el propio agente delictivo, como para un tercero; c) el ámbito en el cual se soliciten dichos favores lo ha de ser en el seno de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual; d) con tal comportamiento se ha de provocar en la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante; e) entre la acción que despliega el agente y el resultado exigido por la norma penal debe existir un adecuado enlace de causalidad; f) el autor tiene que obrar con dolo, no permitiendo la ley formas imprudentes en su comisión.”

Y, ¿qué pasó en este caso?
Pues la Sala considera que de los hechos probados de la sentencia recurrida no se puede concluir que haya acoso, ya que no se contienen proposiciones de inequívoco sentido sexual. Así califica las siguientes expresiones que dirigió el farmacéutico a sus empleadas y que constan en los hechos de sentencia: ” Se produce en este loco desvarío amoroso un sentimiento de angustia por su ausencia, porque invade mis neuronas y las aniquila para lo demás que no sea la utilización de toda mi energía dirigida hacia tu recuerdo permanente. Estás reinando en mi intelecto y por lo tanto, te has hecho dueña de mis resortes más íntimos “, ” Sueño con el roce de tu piel, con su color, con el perfume que exhala, con esa levedad de tu ser que me emociona “, ” Ma cheri poupé “, ” Eres la mujer de mi vida “, ” Eres mi media naranja “, y ” que estaba dispuesto a dejar a su mujer para irse con ella a un lugar apartado y montar una farmacia juntos. ”

Por otra parte, añade el Tribunal que las conductas consistentes dar palmadas en las nalgas, dar un beso en la oreja, abrazar, dar un beso en los labios, acariciar la pierna o el pelo, rozar el cuerpo con el de otra persona, no implican la proposición de ninguna relación sexual sino que suponen la realización de actos de contenido sexual, por lo que no pueden constituir el sustento fáctico de una condena por delitos de acoso sexual, sino, en su caso, podrían constituirlos para una condena por delitos de abusos sexuales prevista en el art. 181 CP, al suponer la imposición de actos de contenido sexual por las vías de hecho, sin contar con el consentimiento de la persona a la que se somete a tales conductas.

¿Y entonces por qué no se le puede condenar en la sentencia por abusos sexuales?
Los actos estaban mal calificados y no se puede condenar al farmacéutico por algo que no ha sido acusado. Esto se llama principio de congruencia (el juez sólo puede resolver sobre lo que se le pide, no sobre otros temas o, dicho de otra manera, tiene que haber congruencia entre acusación y fallo en la resolución judicial para que la tutela judicial efectiva que prevé el art. 24 CE quede garantizada)

Conclusión
Pues bien, en este caso no ha pasado nada más allá del disgusto del titular, por todo un proceso largo, y de la desilusión y malestar de las empleadas. Pero es un aviso a navegantes. En la farmacia se pasan muchas horas trabajando codo con codo en espacios reducidos y esta sentencia viene a recordar que han de evitarse esas manifestaciones de cariño con las empleadas porque pueden acarrear consecuencias nada deseadas.

¿Es legal la compra (y venta) de medicamentos por Internet?

Hace unos días se planteaba un interesante debate en Twitter sobre si es legal que los ciudadanos con residencia en España compren medicamentos en países como Andorra. Es difícil en 140 caracteres exponer la opinión personal, así que visto el interés, esta semana mi post lo dedico a ese tema.

Haciendo un poco de investigación en Internet he visto que hay variadas formas de compra de medicamentos, pero me voy a centrar en las farmacias online. Algunas sólo ofrecen una decena de artículos, para los que en España se exige receta médica, pero que envían sin pregunta alguna, derivando la responsabilidad en el comprador y su buen entender “médico/sanitario”. Otras avisan de que el médico del comprador ha de tener conocimiento de ese consumo (me río imaginando al paciente yendo al médico y diciéndole que compra p.e. Viagra por Internet, “para su conocimiento”) Incluso he visto una farmacia que, con domicilio en Inglaterra, vende en España con plazo de entrega de 1 ó 2 días y tiene un teléfono de consulta de Madrid (¡!). El tema es variopinto pero de gran incidencia en nuestra salud y en la genérica salud pública.

Debemos recordar que el consumo de medicamentos no controlados por la Agencia Española del Medicamento (incluso aunque se compre una caja con marca que no se sabe muy bien de dónde viene) o en establecimientos diferentes a los autorizados en España (farmacias oficiales), suponen un riesgo potencial para la salud y, además, no debe olvidarse que cualquier problema que tenga el comprador deriva en nuestros hospitales, debiendo los médicos hacer todo tipo de elucubraciones sobre qué se ha consumido realmente e incurriéndose en gastos de medicinas, pruebas diagnósticas e incluso estancias hospitalarias que afronta el Estado. En este punto, alzo la voz para decir que aunque el paciente no pague, la Sanidad no es gratuita, cuesta dinero.

En ocasiones he oído que si el establecimiento de venta está en el extranjero es legal, pero creo que han de hacerse varias reflexiones.
Está claro que si el establecimiento está en España es totalmente ilegal. En este sentido valga recordar que la Ley de Garantías dice de forma expresa que: “se prohíbe la venta por correspondencia y por procedimientos telemáticos de medicamentos y productos sanitarios sujetos a prescripción médica” y, más adelante añade, “se prohíbe, asimismo, la venta a domicilio y cualquier tipo de venta indirecta al público de medicamentos”.
Esta normativa española no se puede aplicar a las transacciones de venta realizadas por establecimientos mercantiles extranjeros y esto es algo incuestionable. Entonces, ¿significa que se puede comprar sin límites fuera de España? Yo en estos casos siempre repregunto: ¿se puede comprar por internet y recibir en España drogas ilegales desde países donde sean legales? O ¿puedes traer a España animales que están protegidos, pero que en el país de origen, donde lo las comprado, no lo son? La respuesta es clara. Entonces, posiblemente lo que hay que aclarar si el medicamento que viene de fuera es legal o no.

Si consideramos que sólo los medicamentos autorizados en España son los legales para su consumo en nuestro país, el resto que vienen de fuera y no disponen de esa autorización son ilegales.
¿Puede el consumidor comprar por Internet algo ilegal para consumir en España?. No.

Ante esta situación se me ocurren tres cosas:
1. Es necesario evolucionar. La venta por Internet facilita el comercio y cada vez es más utilizado por la población, por lo que entiendo que debiera permitirse a la farmacia española abrir su radio de actuación. Ha de traerse a colación que recientemente se ha autorizado en Alemania la venta a distancia de las EFGs.

2. Es imprescindible dar formación a la ciudadanía. El paciente de a pie no sabe de medicamentos legales o ilegales y de las implicaciones de su consumo.

3.La venta por Internet no impide el servicio profesional añadido del farmacéutico. Existen herramientas para que el comprador pregunte y consulte a su boticario de igual forma o incluso con más intimidad, que cuando va a la farmacia personalmente.

Por qué el farmacéutico debe tener régimen conyugal de separación de bienes

Cuando una pareja decide casarse, en la vorágine de preparativos, a lo que menos presta atención es al régimen jurídico económico que tendrá su matrimonio a partir de ese día tan feliz. Esto es un grave error, que se acentúa en los supuestos en los que uno de los cónyuges es profesional, como un farmacéutico.

Es conocido por todos que hay dos regímenes económicos matrimoniales: ganaciales y separación de bienes. El primero opera por defecto en el territorio español, (salvo en ciertas Comunidades Autónomas como Cataluña, Aragón o Baleares),  lo que significa que si no se otorgan, ante Notario, capitulaciones matrimoniales en las que se acuerde el régimen de separación de bienes, las partes estarán sujetas al régimen de gananciales.

A pesar de que parece en muchos casos que plantear la opción de la separación de bienes antes de la boda es casi empezar a pensar en el divorcio, debe quedar claro que este régimen precisamente busca y persigue la estabilidad y aseguramiento del patrimonio de la pareja, lo que cobra especial notoriedad en casos de responsabilidades profesionales.

No debe olvidarse que el matrimonio es una sociedad, por lo que si hay gananciales todo el patrimonio entra en “un saco común”, lo que implica que si uno de los socios (cónyuges) incurre en alguna responsabilidad o le exigen legalmente una cantidad importante de dinero, todo el patrimonio se verá afectado;  las deudas no distinguirían entre cónyuges. Por el contrario, en caso de tener separación de bienes sólo el cónyuge responsable o deudor verá mermado su patrimonio, dejándose a salvo el patrimonio del otro cónyuge.

 Hoy en día considero que todos los profesionales deberían tener separación de bienes y esto se puede pactar, no sólo antes de la boda, sino en cualquier otro momento posterior.