El copago, el dato económico y su afectación a la protección de datos en la farmacia: el caso de las residencias de ancianos

Hasta ahora en las residencias de ancianos se recogían las recetas que prescribían a sus mayores, se entregaban a una farmacia para su dispensación y como los titulares de las recetas eran de pensionistas no se pagaba nada. A lo más se giraba una factura a la residencia si se compraban productos no financiados. Se trata este de un servicio que da la residencia y que evita que cada mayor tenga que salir con sus recetas a comprar su medicación.

Con la entrada en vigor del copago, cada residente tendrá un gasto farmacéutico que se deberá cobrar por el farmacéutico y que será diferente según el anciano. Pero, ¿cómo se debe hacer esto para que no haya problemas con la Ley de Protección de Datos? Si la residencia paga al tiempo de recibir la medicación, siendo ella la encargada de la gestión de las recetas, no hay problema, pero no puede afirmarse lo mismo cuando haya que girarse recibos y facturas, ya sea a la propia residencia o a los residentes.

En este último caso existen dos grandes opciones:

1. La farmacia dispensa las medicinas y para gestionar el cobro abre una ficha personal a cada anciano, ya sea en el programa de la aplicación farmacéutica o en otro programa creado “ad hoc”. En ella, además de los datos personales se incluiría el número de cuenta bancaria donde girar el gasto farmacéutico. Esto supone que de forma periódica el farmacéutico debe hacer una factura global del paciente y girar el importe. Aquí la residencia sólo interviene para llevar las recetas a la farmacia y para llevar el medicamento al residente.

2. La farmacia dispensa los medicamentos pero se factura a la residencia, de modo que sea ésta quien repercuta el gasto a los residentes de acuerdo con la factura que emita el farmacéutico, que deberá desglosar el gasto de cada paciente. En este caso toda la gestión de cobro la hace la residencia y la farmacia únicamente dispensa las recetas, debiendo quedarse con siguientes datos: el nombre del residente y la aportación, además de los productos dispensados, para incluir en la factura que a la farmacia le paga la residencia.

Es un hecho que el farmacéutico no se va a librar de emitir facturas con nombres de los residentes, gasto en que se ha incurrido e importe que han de abonar como aportación, ya sea emitidas a nombre de cada residente o una global a la residencia. Por eso que es importante que toda la gestión con la residencia quede bien protocolarizada desde la perspectiva de la protección de datos. Esto significa podemos estar, de modo simplificado, ante los siguientes escenarios:

1. Contrato anciano-residencia con autorización de cesión de datos. El anciano al tiempo de entrar en la residencia, ya sea personalmente o a través de tutor, firma un consentimiento informado de que sus datos van a ser cedidos a una farmacia en concreto con la finalidad de la gestión de sus recetas y medicamentos, y en el mismo deberá dejarse claro que será la botica la que emita los recibos correspondientes al importe de la aportación de la medicación que se ha dispensado. Esto implica, por tanto, que la residencia cede los datos, incluida la cuenta bancaria, a la farmacia, que tendrá que hacer los recibos y deberá llevar al banco para su cobro. A la vez, en el contrato entre residencia y anciano deberá hacerse constar el encargo a la residencia de la gestión de las recetas (llevada a la farmacia y recogida de medicamentos). Aquí hay un riesgo evidente de impago de facturas o de devolución de recibos.

2. Consentimiento del residente a la farmacia. Puede ocurrir que la residencia no haya pedido ese consentimiento informado o no quiera solicitarlo. En ese caso, la farmacia tendrá que pedirlo uno o por uno a cada residente, puesto que de otra forma no podrá tratar el dato económico-bancario para poder girarles la factura. No vale aquí la exposición al público de que se están tratando los datos económicos puesto que, sin entrar en otras disquisiciones, los residentes no son los que van a la Farmacia, se trata de consentimientos personales y no se garantizan los derechos ARCO. Por otro lado, en el mismo consentimiento que se hace en la farmacia deberá hacerse constar que el residente autoriza a la residencia a que gestione sus recetas y medicamentos en esa botica.

3. ¿Y qué pasa si el anciano no da el consentimiento a la residencia o a la farmacia para dar ese dato económico? Pues en este caso no cabe la opción de que se giren recibos o se cargue en la cuenta bancaria del anciano el importe de la aportación de los medicamentos dispensados y, por tanto, tendrá que ser el propio residente, los familiares o tutores, o incluso la residencia los que deberán encargarse de ir a la farmacia y recoger las medicinas prescritas. En el caso de que lo haga la residencia pueden a su vez producirse dos circunstancias, que pague directamente a la farmacia cada vez que recoge los medicamentos o, por el contrario, que la farmacia emita a la residencia una factura por el importe total de las aportaciones de las medicinas dispensadas y, para ello, necesita el dato del nombre del paciente y aportación y, además, el dato bancario de la residencia si se van a pasar recibos, debiendo todo ello constar en un contrato.

Y qué es lo mejor. Pues cada caso es diferente y las relaciones con las residencias difieren mucho unas de otras, así que la decisión es totalmente personal y todas pueden ser buenas. Lo único cierto es que el dato económico de los ancianos se va a tener que tratar directa o indirectamente por lo que, aprovechando la situación y dado que en muchos casos se tendrán que firmar contratos o consentimientos, se me ocurre que puede ser un buen momento para que las farmacias aporten un valor añadido a las residencias prestando sus servicios (diferentes a la mera dispensación de recetas), entre otras cosas y, por ejemplo, implantando sistemas de dosificación personalizada, que permite una óptima adherencia al tratamiento.

¿Cómo afecta la huelga general del día 29 de marzo a la oficina de farmacia?

En la farmacia, tanto los titulares como los trabajadores, se hacen preguntas sobre la huelga.  Aquí se exponen algunas de ellas con su respuesta.

¿Y si mis empleados quieren hacer huelga el próximo día 29 de marzo, qué puedo hacer?

Todo trabajador tiene derecho a hacer huelga el próximo día 29. En ese caso, tendrá que informar al titular de la farmacia, quien no puede impedir el ejercicio del derecho salvo que la farmacia ese día esté de guardia, en cuyo caso, deberá estar abierta como servicios mínimos, para garantizar los servicios esenciales de la comunidad. 

Yo soy titular de la farmacia, ¿puedo hacer huelga?

La huelga es un derecho de los trabajadores, no de los empresarios. El titular de la farmacia es el propietario de la misma, el empresario, por lo que si cierra la farmacia, estrictamente, no está ejerciendo el derecho de huelga, con las consiguientes consecuencias para sus trabajadores.

 ¿Cuáles son los efectos de la huelga en el contrato del trabajador?

El contrato laboral se suspende, por lo que las obligaciones contractuales, como son trabajar y recibir la remuneración pactada, cesan durante el tiempo que se ejerza el derecho de huelga. Sin embargo, se mantiene el deber de buena fe y no caben actitudes como insultos, agresiones o amenazas al empresario o resto de los trabajadores, dado que el trabajador seguirá en la farmacia una vez se levante la suspensión contractual.

 ¿Qué se descuenta de la  nómina del trabajador?

El salario del día de huelga, pero también la parte proporcional de las pagas extraordinarias y de descanso semanal. A efectos de cómputo se incluye el salario base y complementos salariales complementarios, tanto personales como de puesto de trabajo (ejemplo: antigüedad o turnicidad) y el salario en especie. La huelga no afecta al disfrute de las vacaciones, ni a su duración ni a su remuneración.

 ¿Tiene el titular de la farmacia que pagar la cotización a la Seguridad Social del día de huelga del empleado?

No. El trabajador que ejerce el derecho de huelga pasa a una situación de alta especial de Seguridad Social, en la que no hay cotización ni por parte del empresario ni del trabajador. Sin embargo, en caso de que el trabajador decida hacer huelga, no durante toda su jornada laboral, sino sólo durante parte de ella, aquel estará de alta real en la Seguridad Social durante toda la jornada y hay obligación de cotizar por la retribución realmente percibida por el trabajador. En este último caso, no hay establecido ningún mínimo de horas trabajadas o de ejercicio de huelga.

Si el trabajador, por el contrario, está en alta especial, debe aclararse que, no tiene derecho a solicitar la prestación por desempleo ni la de incapacidad temporal por el día en huelga, si bien mantiene su derecho a la atención sanitaria.