Las vacaciones de los empleados de las oficinas de farmacia

En ocasiones el trabajador que tiene convenio se aferra a él sin saber que además, se le aplica el Estatuto de los Trabajadores, actuando con carácter de mínimo. Esto ocurre a veces con la normativa de vacaciones que en los convenios viene delimitada de forma muy escueta o incompleta y, por tanto, genera dudas tanto para el empresario como para los empleados.

Veamos cuál es el régimen legal de las vacaciones en la farmacia.

vacaciones farmacia
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De acuerdo con el art. 38 ET las vacaciones son anuales, con un mínimo de treinta días naturales, retribuidas y en ningún caso se pueden sustituir por compensación económica o, lo que es lo mismo, no se pueden pagar por el empresario a cambio de que el empleado trabaje en ese período y, al ser anuales, no podrán ser disfrutadas fuera del año natural a que correspondan (con las salvedades que veremos más adelante).

Añade el XXIII convenio para oficinas de farmacia que el disfrute de la fecha de las vacaciones ha de ser en unos meses determinados, que son los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre u octubre. Sin embargo, se prevé un incremento de 5 días de vacaciones cuando el personal no pueda disponer de las vacaciones anuales durante los períodos establecidos por la oficina de farmacia por causa no imputable al mismo. Esos cinco días serán empleados en el tiempo y forma que acuerden el titular del establecimiento y el personal afectado, por tanto, no necesariamente acumulados a los 30 días. Esta regla tiene las siguientes excepciones:
•En el caso de que la farmacia decida cerrar por vacaciones. En cuyo caso, las vacaciones se disfrutarán por los trabajadores obligatoriamente en el período de cierre, sin derecho a compensación adicional de ningún tipo.
•En caso de que el período de vacaciones se haya subdividido por acuerdo entre las partes en fracciones no inferiores a una semana.

Cómo se determina en la farmacia quién disfruta las vacaciones y en qué fecha.
De acuerdo con el Estatuto de lo Trabajadores “debe de ser fijada la fecha de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de acuerdo con lo que establezca el convenio”. El convenio establece unas reglas de preferencias, al contemplar que a distribución de las fechas del disfrute “se decidirá por el propio personal afectado y, en caso de no llegarse a un acuerdo, se tendrán en cuenta los criterios prioritarios de las necesidades familiares y de antigüedad al servicio de la empresa”. Por tanto, debe de negociarse un calendario de vacaciones teniéndose en cuenta los criterios antedichos.

Pero, ¿qué pasa si no hay negociación? El empresario podrá callar o podrá fijar él unilateralmente las vacaciones para sus empleados. Hay un plazo mínimo para comunicar las vacaciones al trabajador que es, al menos de dos meses de antelación, del comienzo de su disfrute. Si al trabajador no se le han comunicado sus vacaciones o no está conforme con la fecha asignada podrá presentar una demanda ante la Jurisdicción Social a través de un proceso judicial que, en ambos casos, se tramita a través de una modalidad especial, urgente y sumaria, cuya sentencia es irrecurrible.

Cuándo se pueden disfrutar las vacaciones en otra fecha.
La reforma operada por el RDL 3/2012, de 12 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, el Estatuto de los Trabajadores, dispone de un nuevo apartado 3 al art. 38, que sostiene dos razones que avalan el cambio de fechas y de disfrute de vacaciones más allá del año natural:
•En las situaciones de incapacidad temporal derivada de embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 y 48.bis del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.
•En el caso de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas anteriormente y que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.
A la vista de esta reforma ha de considerarse que el art. 35.6 y 7 del convenio, que también contempla ambos supuestos, no es de aplicación ya que no respeta el contenido mínimo de la nueva normativa nacional, que se ha de aplicar con prioridad frente al convenio por ser más beneficiosa para el trabajador.

La prueba de VIH en la farmacia

La semana pasada leíamos en prensa que expertos de la Agencia del Medicamento de Estados Unidos ven con buenos ojos, e incluso recomiendan, la venta en las farmacias de la prueba del VIH. Se trata de un test doméstico con el que en tan sólo 20 minutos el cliente puede saber si está o no infectado y tiene el temido SIDA. Para ello, no es preciso un análisis de sangre, sino tan sólo una muestra de saliva.

Con este test se detecta, según informan los medios, el 93% de los casos positivos y el 99%, en caso de no ser portador. Se trata, por consiguiente, de un medio de diagnóstico precoz de la infección que puede permitir mejorar la efectividad del tratamiento que deba ponerse y tener controlada la enfermedad, (disfrutando de una buena calidad de vida), pero también evitar el contagio, que se produce, en muchas ocasiones por desconocimiento de estar enfermo.

Esta prueba de VIH es un análisis que podría asemejarse a la prueba de embarazo, cuya venta en la farmacia está hoy está ampliamente aceptada, al igual que la prueba de glucosa, para las que no es necesaria prescripción médica. La pregunta que nos hacemos, por tanto, es si en España, al día de hoy, la prueba de VIH se podría vender libremente en la farmacia, como se quiere hacer en EEUU, y de igual manera que si se tratara de una prueba de embarazo.

La respuesta es no. El Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico in Vitro, dice en el art. 13 que la venta al público de los productos para autodiagnóstico se realizará exclusivamente a través de las oficinas de farmacia, pero añade que “se exigirá la correspondiente prescripción” estableciendo como excepción a esta exigencia “los productos para el diagnóstico del embarazo y de la fertilidad, así como en los productos de autodiagnóstico para la determinación de la glucemia”. Por tanto, la prueba de VIH doméstica y sin prescripción, a la vista de la normativa actual, no se podría vender libremente (sin prescripción) en la oficina de farmacia.
Esto no empece a que la Farmacia esté claramente comprometida con el problema de salud que significa el SIDA. Por ello, se están adoptado programas conjuntos de actuación entre las Consejerías de Salud de distintas Comunidades Autónomas (entre ellas, Castilla y León o Cataluña) y las farmacias para que el ciudadano pueda conocer, con una simple visita a la botica, si tiene o no la enfermedad de una forma rápida y con garantía de confidencialidad. Además, estos programas buscan algo más, que es la información y el consejo de un profesional sanitario: el farmacéutico; porque posiblemente, al día de hoy, nadie esté preparado para recibir en la soledad de su casa la noticia de tener SIDA, a pesar de los grandes avances en su tratamiento.

Obligación de entregar ticket o recibo de venta en la farmacia

Cuando se habla de facturas en la oficina de farmacia ha de diferenciarse entre venta de medicamentos y productos sanitarios y, en su caso (no siempre) otros productos. En el primer caso el titular está sujeto al rendimiento de actividades económicas como profesional (no como sociedad) y además está está sujeto al régimen fiscal de recargo de equivalencia, razón por la que el farmacéutico no viene obligado a emitir factura (Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre), pero sí ticket por aplicación de normativa sanitaria (Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios), que prevé de forma expresa esta obligación.

Por otro lado, cuando en la farmacia hay una SL bajo la cual se factura la venta de parafarmacia y otros productos diferentes a los medicamentos y productos sanitarios se aplica el régimen general previsto en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, en el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En cualquier caso, en la farmacia siempre ha de expedirse y entregarse ticket de venta, justificante o factura de todas las operaciones de venta, ya sea de productos o de servicios. Además el titular queda obligado a conservar copia o matriz de aquellos, que estarán a disposición de la Agencia Tributaria a efectos fiscales, en su caso.

El contenido del ticket y sus copias, sin perjuicio de los datos o requisitos que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones, incluirá los siguientes datos o requisitos:
• Número y, en su caso, serie. La numeración de los tiques dentro de cada serie será correlativa.
• Número de identificación fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a su expedición.
• Tipo impositivo aplicado o la expresión IVA incluido.
• Contraprestación total.

Así mismo, la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, en su art. 15.4, añade requisitos obligatorios a los ya expuestos para los supuestos de venta de medicamentos, de forma que en el ticket debe constar el nombre del medicamento, su precio de venta al público y la aportación del paciente. En el caso de los medicamentos que no se financien con fondos públicos habrá de reflejarse el descuento que, en su caso, se hubiese realizado. Actualmente, además, las Comunidades Autónomas están exigiendo que conste también el CIP a fin de que los ciudadanos puedan realizar reclamaciones a la Administración por disconformidad con las cantidades devueltas o reembolso (efectos del copago en jubilados y recetas rojas en general derivados del RD 16/2012)

Así mismo, debe recordarse que las facturas o tickets o justificantes deben ser expedidos en el momento de realizarse la operación de venta en la farmacia, salvo que el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, (como en el caso de las residencias de ancianos) en cuyo caso deberán expedirse dentro del plazo de un mes contado a partir del citado momento.

Finalmente, aunque no sea lo habitual, debe recordarse que los importes que figuran en las facturas o documentos sustitutivos podrán expresarse en cualquier moneda, pero se establece una condición necesaria: que el importe del impuesto que, en su caso, se repercuta se exprese en euros. De igual manera las facturas o documentos sustitutivos podrán expedirse en cualquier lengua, pero la Administración Tributaria podrá exigir una traducción al castellano o a otra lengua oficial del Estado.

(nueva redacción adaptada la normativa actualmente vigente)

Quiero comprar o vender una farmacia pero, ¿cómo se calcula su precio?

¿Quieres vender o comprar una farmacia?

El propietario titular de la oficina de farmacia que decide vender su negocio está en realidad traspasando el derecho de apertura (la licencia), en su caso, el local con sus enseres (mobiliario, ordenadores, etc) y el stock de medicinas y parafarmacia.

cuánto cuesta una farmacia
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Cómo afecta la reforma laboral a las relaciones laborales en la oficina de farmacia.

Acabamos de tener una huelga general contra la reforma laboral, que se publicó en el RDLey 3/2012, de 2 de marzo y, si bien, todavía está pendiente del trámite parlamentario, por lo que habrá que estar atentos a las enmiendas (me temo que muy pocas), interesa saber cómo afecta esta reforma al farmacéutico que tiene oficina de farmacia.

Se trata de explicar a los farmacéuticos y sus empleados una reforma que, para la prensa e incluso los sindicatos, está pasando como aquella que abarata el despido y crea el contrato de emprendedores (materias que no voy a tratar en este post), pero que es bastante más.

De acuerdo con el preámbulo del RDLey, la reforma tiene como objetivo la flexiseguridad: flexibilidad en las condiciones de trabajo y seguridad en el empleo. ¿Cómo se traduce la flexiseguridad de la reforma en la oficina de farmacia?

1º Suspensión de contratos: El farmacéutico titular podrá suspender el contrato de trabajo de sus empleados por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción sin necesidad de autorización administrativa, si bien es precisa la comunicación a la autoridad laboral y la apertura de un período de consultas a los representantes de los trabajadores (en caso de que no haya se atribuye a una comisión designada por los propios trabajadores). Tras la finalización del período de consultas el empresario notificará a los trabajadores y a la autoridad laboral su decisión sobre la suspensión, que podrá ser, en su caso, impugnada ante la jurisdicción social por sus empleados, (pero que no impide que la medida se lleve a cabo hasta que no se dicte sentencia). 

2º Reducción de jornada:

El farmacéutico titular podrá también reducir la jornada de sus empleados por las mismas causas y procedimiento anterior. La disminución habrá ser entre un 10 y un 70% de la jornada de trabajo.

3º Modificación sustancial de condiciones de trabajo

Cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción se podrán acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de los empleados, ya sean estas las pactadas en convenio (por descuelgue) o en el contrato de trabajo, y cuando afectan a:

a) Jornada de trabajo.

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.

c) Régimen de trabajo a turnos.

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

e) Sistema de trabajo y rendimiento.

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 ET.

En estos casos, el titular de la farmacia deberá notificar la decisión al trabajador afectado y a sus representantes legales al menos 15 días antes de la entrada en vigor de la nueva medida. Si el trabajador resulta perjudicado por la medida podrá decidir rescindir su contrato y percibir una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de nueve mensualidades. El trabajador podrá presentar demanda ante la jurisdicción social.

4º Tiempo de trabajo

Se puede negociar entre el titular de la farmacia y sus empleados la distribución irregular de la jornada de trabajo a lo largo del año y, en defecto de acuerdo, la norma contempla que el empresario podrá distribuir el 5% de la jornada de trabajo de sus empleados según precise, pero con un límite que es respetar el descanso diario mínimo y semanal previstos legalmente.

5º Clasificación profesional y movilidad funcional

Desaparecen las categorías profesionales y, a partir de ahora sólo habrá grupos profesionales, que son más amplios y permiten que el trabajador desarrolle más funciones. Deberá acordarse el grupo profesional entre el titular de la farmacia y el trabajador y, los convenios deberán adaptarse en el plazo de un año. A la vista de ello, la movilidad funcional será más fácil.

6º Negociación colectiva:

Se flexibiliza la posibilidad de no aplicar el convenio colectivo (es decir, el descuelgue) en las siguientes materias:

a) Jornada de trabajo.

b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo.

c) Régimen de trabajo a turnos.

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

e) Sistema de trabajo y rendimiento.

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 ET.

g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.

Para acordar el descuelgue sólo es preciso que concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción,  entendiendo que concurren causas económicas, cuando haya una disminución de ingresos o ventas durante dos trimestres consecutivos, o una situación económica negativa con pérdidas actuales o previstas.

La inaplicación ha de acordarse entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo (es preciso un periodo de consultas) y cuando no los hay, como ocurre normalmente en las farmacias, los trabajadores atribuirán su representación a una comisión.

Si no hay acuerdo actuará la comisión paritaria a instancia de parte (que dispone de un máximo de 7 días para resolver), y si esta no alcanzara un acuerdo, se podrá acudir a los procedimientos de mediación o arbitraje.

7º.  La prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial

Si se negocia un convenio colectivo en la farmacia éste se aplicará con preferencia al convenio sectorial de oficinas de farmacia, en las siguientes materias, (incluso si se negocia por debajo del sectorial y los trabajadores pasan a tener peores condiciones laborales):

a) La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa.

b) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos.

c) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones.

d) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de los trabajadores.

e) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por el ET a los convenios de empresa.

f) Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.

g) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2 ET.