Farmacia de guardia … pero no esclava. Hay límites ¿Los conoces?

Farmacia de guardia en el entorno rural: problemas que deben afrontarse para conciliar la vida laboral y familiar.

La farmacia rural en España atraviesa por grandes dificultades y, entre otras, debe lidiar con horarios de guardias que se prorrogan durante semanas. Si a un trabajador se le dijera que su jornada es de 24 horas 7 días a la semana o que no tiene vacaciones seguro que alegaría que eso no es legal. Si un médico debe trabajar durante ese periodo de tiempo no hay duda de que se le debe reconocer su derecho a recuperarse en el día posterior y por eso libra la guardia. ¿Hay límites en la farmacia de guardia rural? Continuar leyendo “Farmacia de guardia … pero no esclava. Hay límites ¿Los conoces?”

El farmacéutico autónomo y la cartera de servicios: un tandem interesante.

El farmacéutico autónomo y la cartera de servicios: un tandem interesante.

Esta semana José Luis Calle publicaba un artículo en El Farmacéutico con el siguiente título: “el farmacéutico adjunto que viene” (http://bit.ly/1i3YNwZ)

 En este artículo ponía énfasis en que hay muchas farmacias que no van a poder prestar la cartera de servicios si no es a través de otras formas de contratación diferentes, llegando a la conclusión que el farmacéutico autónomo puede ser la solución.

Este tema no es nuevo pero sí que es una de las primeras veces que se pone por escrito, posiblemente porque al estar en negro sobre blanco adquiere un mayor peso y puede generar ríos de tinta (que ya empezaron a correr en twitter). Continuar leyendo “El farmacéutico autónomo y la cartera de servicios: un tandem interesante.”

WhatsApp en la farmacia: algunos apuntes legales

En un post anterior comenté qué decía la AGPDCAT sobre el uso de Whatsapp desde el punto de vista profesional y, a tenor de lo que he podido pulsar en el sector, ha dejado a las farmacias con ganas de saber más. A la vista del informe hay que sacar conclusiones prácticas ya que hay dos cuestiones diferentes, por un lado el hecho del incumplimiento de Whatsapp (que deberá ser perseguido por las autoridades y en el que la farmacia no tiene participación alguna) y, por otro, la responsabilidad de la botica en el uso de Whatsapp por aplicación de la LOPD y su reglamento. Como es lógico me voy a centrar en las medidas que deben tomar las farmacias.

logo whatsapp
WhatsApp en la farmacia

La primera pregunta que ha de hacerse el farmacéutico es Continuar leyendo “WhatsApp en la farmacia: algunos apuntes legales”

¿Puede ponerse en una medalla un código QR con los datos personales y el historial clínico de un paciente?

Hoy vamos a hablar de códigos QR, sí, esos cuadraditos ininteligibles que se leen con un Smartphone.

El tema de fondo responde a la idea de que algunos pacientes vayan con un código QR en una medalla colgada al cuello, como ocurre con la plaquita del grupo sanguíneo, y ahí vayan datos personales, como son el nombre, la dirección o teléfono y, además, información médica como qué enfermedad tienen, por ejemplo, Alzheimer, problemas cardíacos, diabetes, etc.

Código qr
Código qr

La idea a priori a todos nos parece bien si pensamos en un familiar, por ejemplo con Alzheimer ya que da tranquilidad saber que si se pierde quien lo encuentre va a saber quién es, cómo localizar a sus familiares y que tiene esa enfermedad.

Entonces , ¿cuál es el problema?

Unos amigos americanos me decían hace poco que en España todo se complica, que cualquier idea tiene que saltar demasiados obstáculos legales y que eso lastra el desarrollo de este país. En parte esto ocurre aquí. La idea es buena, muy buena. Si preguntáramos, a la gente casi todo el mundo diría que le parece bien, sobre todo si tiene familiares con problemas de salud importantes o está expuesta a ellos. Pero, aquí el problema, no es si es útil o no, sino de protección de datos ya que puede que la persona que encuentre al anciano utilice esos datos para otros fines. Por tanto, la problemática gira en torno al acceso a los datos y cómo se articula la cesión de los mismos a esos terceros (por ejemplo un policía o una persona caritativa), así como a la finalidad de la entrega de esa información.
Y todo el problema existe porque un código QR se puede leer con cualquier móvil Smartphone.

He comentado lo de mis amigos americanos porque a más de uno se le puede ocurrir la siguiente contrapregunta: ¿no es lo mismo si el anciano va con una tarjeta en su bolsillo en la que está escrita la información personal y sus datos médicos, que es lo que se ha hecho toda la vida? Pues sí y no, depende. Pero lo que está claro es que en esos casos, donde todo está escrito en papel, nadie se ha planteado la vulneración de la LOPD. Pero tampoco conozco que se haya planteado problema alguno por colgarse una placa con el nombre y grupo sanguíneo .

Qué dice la Agencia de Protección de Datos: Planteamiento jurídico

Esta cuestión se ha resuelto por la Agencia de Protección de Datos en un informe reciente, el 12/2013 que se puede descargar en http://bit.ly/13gIsxk y cuyas líneas de argumentación son las siguientes:

• Tiene que haber un consentimiento inequívoco y expreso por el portador de la medalla, para llevar sus datos en un código QR (donde están grabados y conservados) que puede ser accesible desde cualquier Smartphone. Esto significa que no vale con que el hijo o el cuidador le haga la medalla y se la cuelgue.

• El consentimiento del usuario de la medalla con el código QR no implica que quepa cualquier tratamiento de los datos, dado que se trata de datos de protección alta. Llevar colgada la medalla no autoriza per se a que cualquiera pueda leer/descargar los datos del código QR.

• Los datos que se contengan en la medalla han de ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades explícitas y legítimas para las que se han recogido. Además tienen que estar actualizados. Esto implica que hay que ver si la recogida de los datos personales y de historial médico son necesarios para la finalidad pretendida (por ejemplo, para que el anciano perdido pueda ser devuelto a su casa o a la residencia de ancianos parece que no es necesario el historial médico, pero sí si el portador de la medalla tiene problemas cardíacos)

• La ley 41/2002 establece que la finalidad principal de la historia clínica es “facilitar la asistencia sanitaria”. Por ello se deberán detallar las medidas de seguridad que se adoptarán para asegurar que los datos médicos sólo sean accesibles para los servicios sanitarios y no por cualquier tercero.

Cuál es la conclusión de la AGPD:

• “No existe obstáculo en la inclusión de datos personales en un código QR, siempre que, existiendo consentimiento informado del portador de la medalla en los términos indicados, sólo se incluyan en el mismo los datos estrictamente necesarios para el cumplimiento de las finalidades pretendidas, lo que dependerá de cada tipo de usuario y de enfermedad”.

• “Deberán adaptarse las medidas de seguridad que correspondan en cada caso, en los términos del Título VIII del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre”.

• “Si la finalidad es que únicamente accedan a dichos datos el personal sanitario que vaya atender al paciente en situación de emergencia o accidente, deberían implantarse medidas que no permitieran el acceso a esta información por terceros”.

Mi opinión

La argumentación de la AGPD es muy correcta y aplica la norma actualmente vigente de forma irreprochable.

Yo, además, traigo al debate otra interpretación, sobre la base de que toda ley (aún siendo imperativa) debe interpretarse de acuerdo con los otros derechos que hay en conflicto. En este caso habría de ponerse en la balanza la protección de datos personales, en un platillo, y el derecho a la salud, en el otro, a fin de determinar qué derecho (ambos constitucionales) tiene más peso. Considero que la salud y la vida humana tiene más peso que la protección de datos en un caso como el expuesto. Ello porque, desde mi perspectiva, es preferible el acceso por un tercero, aunque no sea del servicio de emergencias, a los datos de un señor para salvarle la vida, que, en aras de la protección de datos, no quepa el acceso a sus datos y se muera.

Pero reconozco que conjugar ambos derechos es difícil. Por eso sí creo, siguiendo a la AGPD, que es importante que en esa medalla no esté todo el historial médico del que habla la Ley de Autonomía del Paciente (por ejemplo los consentimientos informados o las radiografías), sino sólo aquellos datos médicos que en un momento de emergencia puedan ser relevantes.

Por qué es importante prestar atención a la cancelación de suscripciones. Multa de la AEPD.

¿Por qué hay que prestar atención a la cancelación de suscripciones? Existen farmacias que envían boletines electrónicos con novedades y ofertas a sus clientes a través de suscripciones. Para ello el cliente, que debe dar su consentimiento al tratamiento y finalidad para la que se recogen sus datos, les facilita su correo electrónico y algunos otros datos que conforman su perfil. Se trata de una vía de fidelización, de mantener la atención del cliente y demostrarle que “su” farmacia se acuerda de él de forma periódica. Aquí será importante el tipo de información que se mande y, preferiblemente, se hará de acuerdo al perfil que tenga el cliente.

cancelación de suscripciones
cancelación de suscripciones

Este envío de boletines y/o campañas de marketing o publicidad es cada vez más frecuente, no debe ir en contra de la normativa vigente y exigen una especial diligencia del farmacéutico.

El fondo del asunto.
La pregunta que hoy vamos a resolver es qué pasa si la farmacia no da de baja un correo electrónico de un cliente, donde recibe periódicamente las novedades de la farmacia,cuando así se le solicita; y qué consecuencias tiene para la farmacia el seguir remitiendo los boletines a dicho email.

La consecuencia de esta falta de diligencia por parte de la farmacia es que el cliente puede denunciar el hecho ante la Agencia de Protección de Datos, que puede, una vez instruido un expediente, multar a la botica.

La protección de datos suele pensar la farmacia que es más burocracia sin sentido, algo para que unos pocos nos ganemos la vida o que las farmacias son inmunes a las inspecciones y multas porque las denuncias siempre se hacen a los grandes. Pero esta forma de pensar está totalmente equivocada.

Los hechos que he expuesto responden a un caso real, resuelto por la AEPD con multa a la farmacia en 2012.

¿Pero cómo pasaron los hechos?
El cliente, que en un primer momento dio su consentimiento al boletín, canceló la suscripción utilizando para ello el enlace facilitado en el correo electrónico. De forma diligente la farmacia contestó el email confirmando la baja, pero no le borró de la lista de distribución, por lo que el cliente recibió tres comunicaciones comerciales de la farmacia durante casi tres meses. A la vista de ello, el cliente denunció a la farmacia ante la AEPD.

¿Qué se incumplió por la farmacia?
El envío de comunicaciones comerciales sin el consentimiento del destinatario (aquí el cliente) es lo que se llama spam y está prohibido por la legislación española.

Se vulnera La LSSI, en el artículo 21.1 de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información (LSSI) que prohíbe de forma expresa “el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas”.

También se contraviene la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), ya que la dirección de correo electrónico puede ser considerada como dato de carácter personal.

¿Es imprescindible el consentimiento del cliente para mandarle el boletín?
Sí. Se necesita el consentimiento del destinatario para el envío de correo electrónico con fines comerciales. La prestación del consentimiento ha de ser previa a los envíos de correos, salvo que exista una relación contractual anterior y el sujeto no manifieste su voluntad en contra.

Además se aplica el art. 3.h) de la LOPD, que define el consentimiento, por lo que además de previo, ha de ser específico, inequívoco e informado. Esto significa que la farmacia deberá informar del tipo de tratamiento y la finalidad para la que se recogen los datos, comunicando así mismo sobre el derecho a denegar o retirar el consentimiento.

Y, ¿cuando se considera que es una información comercial?
De acuerdo con la LSSI, se considera información comercial a toda aquella forma de comunicación destinada a promocionar directa o indirectamente bienes, servicios o la imagen de una empresa, organización o persona con una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, y, además, ha de realizarse dicha comunicación en los términos que señala el Considerando 17 de la Directiva 2000/31/CE que recoge lo previsto en las citadas Directivas 98/34/CE y 98/84/CE, es decir, ha de tratarse de cualquier servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, mediante un equipo electrónico para el tratamiento (incluida la compresión digital) y el almacenamiento de datos, y a petición individual de un receptor de un servicio.

¿Qué multa puso la AEPD?
De acuerdo con el art. 38 LSSI “3. Son infracciones graves:
c) El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente o el envío, en el plazo de un año, de más de tres comunicaciones comerciales por los medios aludidos a un mismo destinatario, cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21”.
“4. Son infracciones leves:
d) El envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de  comunicación electrónica equivalente cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21 y no constituya infracción grave”.

En el caso actual se realizaron tres comunicaciones y se impuso la sanción leve, porque la sanción grave exige que sean más de tres. Es decir, si la farmacia hubiera remitido un boletín más la multa hubiera sido de 150.001 hasta 600.000 euros.

Sin embargo se calificó la infracción como leve, que tiene aparejada una multa de hasta 30.000€ (treinta mil euros) si bien, en este caso, se graduó para ser fijada finalmente en 1.800€.

Conclusión
Hay que pedir el consentimiento previo al cliente con todos los requisitos legales, hay que informarle claramente y, en caso de que solicite la baja en el tratamiento de sus datos o revoque el consentimiento hay que ser diligente y borrar los datos para evitar que se puedan imponer sanciones que, como se ha visto, pueden ser de hasta 600.000€.