El Levante español se queda sin medicinas, las farmacias no pueden dispensar, hay desabastecimientos, las farmacias despiden a sus empleados, el farmacéutico propietario pone su casa para garantizar el pago de unos medicamentos que no cobra….Esa es la situación actual en parte de España de la farmacia española porque la Administración autonómica no cumple con el concierto, es decir, no paga los medicamentos de las recetas que dispensa el farmacéutico al ciudadano de a pie y cuyo coste adelanta con cargo a su patrimonio personal.
Hasta ahora se han tomado medidas que bien parecen salidas del libro de los horrores, pero todo tenía una finalidad, conseguir resolver unos momentos de dificultad económica. Y siempre se pensó que todo volvería más o menos a su cauce. Pero no ha sido así hasta la fecha. Por el contrario, se acumulan pagos que han ahogado a las farmacias, que están quedando en los huesos desde una perspectiva de personal así como de stock y, por si fuera poco, el negocio tira de forma indiscriminada del patrimonio particular (a veces familiar) que ha sido puesto como aval (porque la farmacia no puede ser una sociedad y se responde con todo el patrimonio personal). El farmacéutico se siente profesional de la salud y, además, viene obligado por ley a dispensar aunque o le paguen. No tiene salida fácil.
Pero más allá de la problemática del empresario farmacéutico (que es esperpéntica) no podemos olvidarnos de quién sufre estos desabastecimientos, los cierres de las farmacias, la falta de stock. Es el CIUDADANO DE A PIE. Ese que necesita un medicamento porque se lo ha prescrito el médico y que va a la farmacia a comprarlo, pero que no lo consigue, después de hacer cola durante varias horas y visitar varias farmacias. Y puede ser un dolor de cabeza que va a tener que aguantar con algún remedio casero, pero puede ser, y están siendo, medicamentos para patologías cardiacas, diabetes o para tratar el cáncer, por ejemplo. Esos medicamentos no pueden esperar y la salud se resiente porque no entiende de política. (No entro a considerar la repercusión que todo ello puede tener en los hospitales y su gasto, que será muchísimo mayor que pagar el medicamento en la farmacia, ni en la calidad de vida del paciente. Por donde se mire, todos perdemos)
Entonces, ¿en qué piensa la Administración sanitaria de esas Comunidades Autónomas?
Me pregunto si va a ser necesario que algún ciudadano fallezca porque no ha podido coger sus medicamentos en la farmacia (en ninguna de la Comunidad Autónoma) para que, otra vez con crespón negro, alcen la voz nuestros políticos diciendo que se van a tomar medidas mañana para que no vuelva a suceder. Y tomar medidas es tan simple como pagar.
Me llama la atención la medida adoptada por la Comunidad Valenciana, que ante la huelga (realmente un cierre) que mantienen las farmacias y el claro desabastecimiento existente, ha acordado en plazo récord poner un teléfono gratuito para los ciudadanos donde informarse sobre cómo conseguir el medicamento que necesitan. Ahí remiten al paciente a un hospital o a centro de salud, donde también comienzan a escasear medicamentos (y no me meto ahora con lo que ocurre en estos casos con la aportación y el copago o con si es legal o no esa derivación por incompetencia de la Administración que incumple su obligación de pagar) . Y digo yo, ¿no es más fácil pagar lo que se debe y que el servicio funcione?
Si el problema es otro, entonces habría que hablar, pero debe recordarse que las Comunidades Autónomas, por sí solas, con su normativa propia, no pueden establecer un sistema diferente de asistencia farmacéutica. En esta materia manda la normativa nacional.
Para finalizar traigo a colación una cita de Aristóteles: “no hace falta un gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico”. En este caso lo práctico es pagar para evitar males mayores, lo que no resuelve el problema es habilitar un teléfono gratuito, lo que no es práctico es que el farmacéutico arriesgue en un negocio y tenga que poner su patrimonio de aval porque no le pagan lo que vende y, lo que en absoluto es comprensible es que Administración incumpla sus obligaciones básicas, sobretodo cuando está en juego la salud de los ciudadanos.
EN 
ESP
En Castilla La Mancha se sufrieron 6 meses de impagos y también hubo escased de medicamentos, sobre todo caros. Le aseguro que el comportamiento del usuario fué penoso, se justificaba el impago o se hacia ver que no iba con ellos, se amenazó desde la Admin. con sanciones y desde el usuario con denuncias para que la dispensación siguiera. Sólo una mínima parte de los usuarios estuvo dispuesto a pagar los medicamentos de su bolsillo (entonces los pensionistas no pagaban). Es el ciudadano de a pié quien Re-elige a unos dirigentes que hacen esto, no me parece de recibo que protesten por una situación que han creado sus dirigentes a los que apoyan elección tras elección.
Si se rompieran los conciertos y el ciudadano de a pie tuviera que pagar, seguro que adoptarían un planteamiento totalmente diferente. Hay que ver qué nos depara la situación actual, porque yo pienso que llevará a cambios en el actual sistema de prestación farmacéutica.