Pensaba escribir de la posible inconstitucionalidad del Decreto 2/2013 de la Comunidad Valenciana que se publicó días previos a las Fallas, como si de esa manera, entre el fuego, los petardos, el ruido, la fiesta y el humo se pudieran olvidar las posibles consecuencias de dicha norma. Pero la actualidad es más tozuda y, como si la farmacia valenciana tuviera poco que purgar en esta Semana Santa (y antes de haber asimilado el citado Decreto), ha recibido la noticia de la denuncia del concierto por la Consejería de Sanidad y, con ello, la incertidumbre de qué es lo que va a pasar a partir del 1 de julio. Esta medida no es más que consecuencia la Disposición Adicional Segunda del Decreto, sobre elaboración del Acuerdo Marco con las oficinas de farmacia para 2013, que dice: «La Agència Valenciana de Salut elaborará en el plazo máximo de cuatro meses la propuesta general de Acuerdo Marco con las oficinas de farmacia para 2013».
¿Y qué es el Acuerdo Marco? Pues lo que siempre ha sido el Concierto.
Dice el Decreto que en el Acuerdo Marco se establecerán las condiciones de concertación para la ejecución de la prestación farmacéutica a través de las oficinas de farmacia de la Comunitat Valenciana (art.9) y, por tanto, se fijarán las condiciones en las que las oficinas de farmacia abiertas al público efectuarán la dispensación, facturación y pago de los medicamentos y productos sanitarios prescritos, indicados o autorizados por profesionales del Sistema Nacional de Salud.
Pero lo más relevante, y lo que más ampollas ha levantado (y con razón) es que el Acuerdo Marco podrá «suscribirse, en modalidad colectiva o individual, con colegios farmacéuticos profesionales, entidades, instituciones y personas físicas o jurídicas a través de las que los titulares de oficina de farmacia podrán adherirse voluntariamente al Acuerdo Marco mediante la suscripción con la Agència Valenciana de Salut de un concierto» (art.9).
En resumen, la negociación de un Acuerdo Marco (que incluye lo que hasta ahora estaba en el concierto) puede seguir en la misma línea que ahora, es decir, negociado por los Colegios y afectando a todas las farmacias. O bien, se puede obviar al Colegio entrando en juego entidades o instituciones (no sabemos cuáles) y, en último término se plantea la posibilidad de que individualmente cada farmacia firme un concierto.
Creo que todos los farmacéuticos son conscientes que una negociación individual es tremendamente peligrosa, porque, entre otras cosas, no debe olvidarse que la farmacia valenciana está muy afectada por los retrasos en los pagos de la facturación por la administración.
Pues bien, el tema de la denuncia del concierto es un jarro de agua fría, otro más, sobre la farmacia valenciana, o mejor dicho, otro sobre la farmacia española, porque no cabe duda, de que, a pesar de tratarse de una decisión autonómica, lo que se está experimentando allí puede, en cualquier momento, trasladarse al resto de España. Un ejemplo claro lo hemos visto con el euro por receta, que impuesto primero en Cataluña (y a pesar de paralizarse) con premura lo acordó la Comunidad de Madrid. Son esas decisiones políticas que cuestan de entender al ciudadano de a pie, pero también al farmacéutico, que, al fin y al cabo, es quien lidia cada día con los problemas de la farmacia, con los proveedores, con el banco y, por si fuera poco, debe dar miles de explicaciones a los clientes poniendo una sonrisa y su mejor profesionalidad.
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