El debate sobre la atención a las personas mayores está cobrado una relevancia especial por la implicación sanitaria y también económica que supones su cuidado, seguimiento y atención. Una propuesta que puede parecer bien intencionada pero que podría generar serias implicaciones es la institucionalización de los usuarios de los centros de mayores, dejando de ser meramente residenciales. A simple vista, esta medida busca ofrecer una atención más integral y sanitaria, pero a un análisis más profundo, revela un grave riesgo de vulneración de derechos fundamentales, especialmente el derecho a la autonomía personal.
¿Qué implica la institucionalización ?
La institucionalización, en este caso, significa tratar a todas las personas que viven en residencias como «pacientes institucionalizados». Esto supone que, más allá de ser considerados simples usuarios de la residencia que han optado por esta para estar el tiempo que consideren, sus vidas estarían sometidas a un control sanitario y organizativo más rígido, con protocolos que podrían limitar sus libertades en nombre de un supuesto «bien común».
Si bien la institucionalización puede ser adecuada en casos concretos, como cuando una persona tiene una gran dependencia y necesita cuidados continuos, convertir esta práctica en una regla general podría suponer un grave retroceso en la protección de los derechos de las personas mayores, ya que se les impediría poder decidir sobre aspectos que tienen que ver con su propia vida.
El derecho a la autonomía personal en peligro
La autonomía personal es un derecho fundamental reconocido tanto a nivel nacional como internacional. El Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ratificado por España, establece que toda persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, incluso cuando necesite apoyo para hacerlo. Este principio se refuerza en la normativa nacional, como la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que aboga por proporcionar apoyos personalizados en lugar de imponer soluciones uniformes y la sustitución en la toma de las decisiones que afectan a las personas con discapacidad, por otro basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona quien, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones.
La institucionalización de los mayores por el simple hecho de optar por vivir en una residencia pone en peligro este derecho al:
- Presumir dependencia de forma generalizada: No todas las personas que viven en una residencia son dependientes. Muchas eligen estos centros por cuestiones de comodidad, socialización o seguridad, pero siguen siendo perfectamente capaces de tomar decisiones sobre su vida. Además, no toda dependiencia es igual.
- Imponer normas rígidas: Las rutinas y protocolos establecidos en los entornos institucionales pueden limitar la capacidad de los mayores para decidir sobre cuestiones cotidianas, como sus horarios, actividades o alimentación, o dónde comprar sus productos de higiene e, incluso, su medicación.
- Reducir la autodeterminación: Tratar a los residentes como pacientes puede conllevar la toma de decisiones médicas o personales sin su consentimiento explícito, lo que vulnera su derecho a decidir sobre su propia vida.
Una medida incompatible con los derechos fundamentales
La propuesta de institucionalizar a todos los residentes en centros de mayores podría contravenir no solo el CDPD, sino también la Constitución Española, que protege la dignidad de la persona (artículo 10) y su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Además, iría en contra de los principios de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, establecidos por la ONU, que subrayan la necesidad de garantizar la participación activa de los mayores en la toma de decisiones que afectan a sus vidas, además de la normativa previamente expuesta.
Es importante recordar que vivir en una residencia no debería implicar una pérdida de derechos. La institucionalización corre el riesgo de despojar a las personas mayores de su capacidad jurídica (no legal), reduciéndolas a un estado de dependencia ficticia que no siempre corresponde con la realidad y en la que la persona no toma decisión alguna, pero tampoco sus familiares o curador.
El camino hacia una atención centrada en la persona
En lugar de promover la institucionalización generalizada, las políticas públicas deberían centrarse en garantizar una atención personalizada y respetuosa con la autonomía de cada persona mayor. Esto implica:
- Evaluaciones individuales que determinen las necesidades reales de cada residente o usuario de residencia, en lugar de asumir su dependencia por el simple hecho de vivir en un centro y su falta de capacidad para tomar decisiones.
- Promover entornos que respeten la libertad de decisión, incluso en cuestiones cotidianas.
- Ofrecer servicios de apoyo para quienes lo necesiten, sin imponer medidas que limiten la autonomía de aquellos que pueden valerse por sí mismos.
- Garantizar mecanismos de participación para que los mayores puedan decidir sobre las políticas y normas que rigen los centros donde viven.
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