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Otro interrogante al hilo del copago: ¿el TSI de la receta supone una cesión de datos ilegal al no mediar consentimiento expreso del ciudadano?

En las nuevas recetas desde la entrada en vigor del Decreto 16/2012, que regula el copago, debe constar un código (TSI) que determina el importe que paga cada cliente en la oficina de farmacia cuando retira sus medicamentos. Este dato hace referencia a la situación de activo o pensionista del paciente, pero también a la renta (datos fiscales), si bien de una forma muy amplia. Por ejemplo, la farmacia sabrá quien gana más de 100.000 euros/año, o de los pensionistas quien tiene una pensión inferior a 18.000€/año. ¿Es necesario el consentimiento?, ¿hay cesión de datos?, ¿se ampara en alguna ley ese vaivén de datos?

Desde mi punto de vista no hay cesión de datos y no es necesario el consentimiento de cada uno de los titulares de una tarjeta sanitaria de la Seguridad Social, en contra de lo que estoy leyendo en algunos foros y prensa o, incluso, de la campaña que ha iniciado el PSOE en su página web poniendo a disposición de los ciudadanos unos modelos de reclamaciones por este motivo (https://www.psoe.es/tetuan/news/657465/page/desde-psm-denunciamos-copago-farmaceutico-.html)

El RDL 16/2012 dice de forma expresa que no es necesario el consentimiento del interesado y afirma que la Administración Tributaria podrá comunicar al INSS los datos que sean necesarios para determinar el nivel de renta y, por tanto, determinar qué TSI debe poner en las recetas de cada paciente. En consecuencia, el primer paso de transferencia de datos de la Agencia Tributaria al Instituto Nacional de la Seguridad Social está previsto en la norma y no cabe cuestionarse la legalidad. (art. 94 ter, 2 “la administración competente en materia tributaria podrá comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin contar con el consentimiento del interesado, los datos que resulten necesarios para determinar el nivel de renta requerido”)

A partir de ahí, debe de haber otra entrega de datos del INSS a las CCAA, en concreto a las diferentes Consejerías de Sanidad. El RDL 16/2012 prevé de forma expresa esta transferencia de datos de la siguiente manera: “el Instituto Nacional de la Seguridad Social comunicará a las administraciones sanitarias competentes el dato relativo a la aportación que corresponda a cada usuario de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora de las recetas médicas y órdenes de dispensación.”Es relevante dejar claro que la información que se entrega no es la renta de cada beneficiario de la Seguridad Social o del titular de la tarjeta (a la cual no tienen acceso las Consejerías de Sanidad), sino que se sólo se comunicará el dato relativo a la aportación (los TSI) y, además, con una finalidad concreta. En este sentido el RDL dice que “Los datos comunicados serán objeto de tratamiento por la administración sanitaria correspondiente a los solos efectos de su incorporación al sistema de información de la tarjeta sanitaria individual”.

Por tanto, la misma norma que implanta el copago contempla cómo se ceden los datos de una administración a otras y el fin para el que se entregan, que no es otro que incorporarlo al sistema de información de la tarjeta sanitaria, siendo los datos de ésta los necesarios para la emisión de las recetas, ya sean electrónicas o en papel, y su posterior dispensación.

El dato económico llega a la oficina de Farmacia a través de la receta y aquí se plantea también la misma pregunta: ¿es necesario el consentimiento del paciente?

Pues bien, en la receta, además del TSI, hay otros datos personales, que son incluso de protección mayor por ser de datos de salud y, por tanto, precisan de mayores medidas de seguridad. El farmacéutico tiene legitimidad de acceso a todos los datos de la receta, incluido el económico, de acuerdo con el art. 77.8 Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamento, sin necesidad de consentimiento del cliente pero con un límite: que el tratamiento de esos datos de la receta (los de salud y el económico) tenga la finalidad de facilitar la asistencia farmacéutica al paciente y permitir el control de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.

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El copago, el dato económico y su afectación a la protección de datos en la farmacia: el caso de las residencias de ancianos

Hasta ahora en las residencias de ancianos se recogían las recetas que prescribían a sus mayores, se entregaban a una farmacia para su dispensación y como los titulares de las recetas eran de pensionistas no se pagaba nada. A lo más se giraba una factura a la residencia si se compraban productos no financiados. Se trata este de un servicio que da la residencia y que evita que cada mayor tenga que salir con sus recetas a comprar su medicación.

Con la entrada en vigor del copago, cada residente tendrá un gasto farmacéutico que se deberá cobrar por el farmacéutico y que será diferente según el anciano. Pero, ¿cómo se debe hacer esto para que no haya problemas con la Ley de Protección de Datos? Si la residencia paga al tiempo de recibir la medicación, siendo ella la encargada de la gestión de las recetas, no hay problema, pero no puede afirmarse lo mismo cuando haya que girarse recibos y facturas, ya sea a la propia residencia o a los residentes.

En este último caso existen dos grandes opciones:

1. La farmacia dispensa las medicinas y para gestionar el cobro abre una ficha personal a cada anciano, ya sea en el programa de la aplicación farmacéutica o en otro programa creado “ad hoc”. En ella, además de los datos personales se incluiría el número de cuenta bancaria donde girar el gasto farmacéutico. Esto supone que de forma periódica el farmacéutico debe hacer una factura global del paciente y girar el importe. Aquí la residencia sólo interviene para llevar las recetas a la farmacia y para llevar el medicamento al residente.

2. La farmacia dispensa los medicamentos pero se factura a la residencia, de modo que sea ésta quien repercuta el gasto a los residentes de acuerdo con la factura que emita el farmacéutico, que deberá desglosar el gasto de cada paciente. En este caso toda la gestión de cobro la hace la residencia y la farmacia únicamente dispensa las recetas, debiendo quedarse con siguientes datos: el nombre del residente y la aportación, además de los productos dispensados, para incluir en la factura que a la farmacia le paga la residencia.

Es un hecho que el farmacéutico no se va a librar de emitir facturas con nombres de los residentes, gasto en que se ha incurrido e importe que han de abonar como aportación, ya sea emitidas a nombre de cada residente o una global a la residencia. Por eso que es importante que toda la gestión con la residencia quede bien protocolarizada desde la perspectiva de la protección de datos. Esto significa podemos estar, de modo simplificado, ante los siguientes escenarios:

1. Contrato anciano-residencia con autorización de cesión de datos. El anciano al tiempo de entrar en la residencia, ya sea personalmente o a través de tutor, firma un consentimiento informado de que sus datos van a ser cedidos a una farmacia en concreto con la finalidad de la gestión de sus recetas y medicamentos, y en el mismo deberá dejarse claro que será la botica la que emita los recibos correspondientes al importe de la aportación de la medicación que se ha dispensado. Esto implica, por tanto, que la residencia cede los datos, incluida la cuenta bancaria, a la farmacia, que tendrá que hacer los recibos y deberá llevar al banco para su cobro. A la vez, en el contrato entre residencia y anciano deberá hacerse constar el encargo a la residencia de la gestión de las recetas (llevada a la farmacia y recogida de medicamentos). Aquí hay un riesgo evidente de impago de facturas o de devolución de recibos.

2. Consentimiento del residente a la farmacia. Puede ocurrir que la residencia no haya pedido ese consentimiento informado o no quiera solicitarlo. En ese caso, la farmacia tendrá que pedirlo uno o por uno a cada residente, puesto que de otra forma no podrá tratar el dato económico-bancario para poder girarles la factura. No vale aquí la exposición al público de que se están tratando los datos económicos puesto que, sin entrar en otras disquisiciones, los residentes no son los que van a la Farmacia, se trata de consentimientos personales y no se garantizan los derechos ARCO. Por otro lado, en el mismo consentimiento que se hace en la farmacia deberá hacerse constar que el residente autoriza a la residencia a que gestione sus recetas y medicamentos en esa botica.

3. ¿Y qué pasa si el anciano no da el consentimiento a la residencia o a la farmacia para dar ese dato económico? Pues en este caso no cabe la opción de que se giren recibos o se cargue en la cuenta bancaria del anciano el importe de la aportación de los medicamentos dispensados y, por tanto, tendrá que ser el propio residente, los familiares o tutores, o incluso la residencia los que deberán encargarse de ir a la farmacia y recoger las medicinas prescritas. En el caso de que lo haga la residencia pueden a su vez producirse dos circunstancias, que pague directamente a la farmacia cada vez que recoge los medicamentos o, por el contrario, que la farmacia emita a la residencia una factura por el importe total de las aportaciones de las medicinas dispensadas y, para ello, necesita el dato del nombre del paciente y aportación y, además, el dato bancario de la residencia si se van a pasar recibos, debiendo todo ello constar en un contrato.

Y qué es lo mejor. Pues cada caso es diferente y las relaciones con las residencias difieren mucho unas de otras, así que la decisión es totalmente personal y todas pueden ser buenas. Lo único cierto es que el dato económico de los ancianos se va a tener que tratar directa o indirectamente por lo que, aprovechando la situación y dado que en muchos casos se tendrán que firmar contratos o consentimientos, se me ocurre que puede ser un buen momento para que las farmacias aporten un valor añadido a las residencias prestando sus servicios (diferentes a la mera dispensación de recetas), entre otras cosas y, por ejemplo, implantando sistemas de dosificación personalizada, que permite una óptima adherencia al tratamiento.